Integrantes de universidades públicas y privadas dieron a conocer los 15 puntos, entre ellos “garantizar la participación amplia de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación de la política” de ciencia, tecnología e innovación” y “asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género y el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia”, que se deben contemplar para la elaboración de la Ley General de Ciencia y Tecnología, en la que trabaja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Los 15 puntos fueron resultado de las “Jornadas de Reflexión sobre el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que necesitamos para el futuro”, donde en total se realizaron 13 mesas, en las que participaron 120 miembros de 17 instituciones como la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, el IPN, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, el Cinvestav y la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guadalajara.
Las mesas se realizaron entre el 26 y el 30 de abril, pero ayer dieron a conocer el listado con los 15 puntos “que debe necesariamente contener una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que aspire a la transformación del país”.
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Por ejemplo, en el número cinco se propone “asegurar la libertad de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género y el reconocimiento del valor estratégico de todas las formas de ciencia”, un tema que ya había sido señalado por diferentes especialistas desde diciembre pasado, cuando María Elena Álvarez-Buylla, diectora del Conacyt, le presentó al Presidente el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
En el sexto punto, los integrantes de las instituciones educativas propusieron que se debe “eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones privadas, incluyendo los estímulos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”.
Ese punto no es aislado, se presenta por las decisiones recientes del Conacyt, pues hace unos días fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las reformas al reglamento del SNI, en el quedó estipulado que los investigadores del sector privado ya no recibirán estímulos económicos.
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“Las universidades particulares tenemos una participación significativa. El 10 por ciento de los artículos que son publicados anualmente en revistas científicas de alto nivel es por académicos de instituciones privadas. Somos una academia altamente productiva que desde donde nos toca hacemos un esfuerzo por engrandecer el trabajo científico que se hace en México”, dijo Marisol Silva, directora de la División de Investigación y Posgrado de la Iberoamericana
En otro de los puntos, los integrantes de la comunidad científica señalaron que es necesario “asignar los recursos a partir de convocatorias regulares y transparentes, que consideren los procedimientos de evaluación de la calidad de proyectos a partir de criterios claros y consensuados, que se realicen a través de comisiones plurales en cuya conformación participe la comunidad científica”.
“En el asunto de becas y apertura de plazas, son las opciones de carrera para la juventud y si uno prioriza o corta opciones de becas y programas, está afectando directamente a esa gente que no va a pasar al grado que sigue, que piensa que su área no sirve porque no es tomada en cuenta por la autoridad y eso desincentiva que la juventud se interese en ciencia”, dijo William Lee, coordinador de Investigación Científica en la UNAM.
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Agregaron que también es necesario “asegurar el financiamiento estable de la CTI a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual, fortalecido con la colaboración público- privada, la formación de redes internacionales, y la protección de derechos de propiedad intelectual, poniendo un objetivo temporal a un mínimo del 1% del PIB que señala la ley”.
William Lee indicó que el Congreso aún no cuenta con un anteproyecto de Ley General y que el objetivo de las jornadas es “aportar elementos para que los legisladores puedan redactar una ley que le sirva al sector al país”, por ello, los 15 puntos que dieron a conocer les serán presentados a las autoridades e incluso al Conacyt.