Integrantes de ProCienciaMx han enviado una carta de ocho páginas a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República para compartir sus preocupaciones principales y para poner sobre la mesa los temas que podrían plantearle los legisladores a la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces , directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ), durante la comparecencia a la que la citaron para el día de mañana.
Las tres preocupaciones centrales son: la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene un retraso de 15 meses del proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI), y el Anteproyecto de ley que el Conacyt ha presentado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que reiteran “tiene numerosas deficiencias”; el financiamiento y apoyo a la ciencia y la tecnología en esta administración, que cuestionan y detallan puntualmente en más de cinco apartados; y la modificación a estatutos, reglamentos y criterios de evaluación del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de la que enlistan seis ejemplos.
En la carta de ocho páginas dirigida a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y enviado el 15 de mayo de 2022, la comunidad científica incluye un documento adjunto elaborado por ellos, en el que especifican ocho planteamientos clave sobre las deficiencias que contiene el Anteproyecto:
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Que esta ley no debe confundirse con una ley orgánica de Conacyt; que sus principios se deben basar en los derechos consagrados en la Constitución; que debe tener un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados; que debe reconocer la corresponsabilidad de todas las organizaciones e instituciones respetando su autonomía y formas de organización interna; que los Centros Públicos de Investigación (CPI) requieren de autonomía académica, de gestión y presupuestaria; que debe garantizar la libertad de investigación y debe especificar monto del financiamiento del Estado asignará y mecanismos para proveer recursos y estímulos suficientes para las actividades de investigación e innovación científica; que debe incluir de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento; y que los derechos de propiedad intelectual no pueden cederse a Conacyt como único titular.
Sobre el financiamiento y apoyo a la ciencia y la tecnología, los integrantes de ProCienciaMx insisten en que la eliminación De la fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, bajo el pretexto de dar sustento jurídico a la extinción de los fideicomisos, generó una situación de profunda inestabilidad en el sector científico; y que la forma “tan desaseada como se procedió a la extinción de fideicomisos impide conocer el destino de más de 42 mil millones de pesos” y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho una serie de observaciones relativas al Actual uso irregular, por parte de Conacyt, de los recursos de al menos uno de estos fideicomisos.
“Existe evidencia oficial, en la cuenta pública, de la mala administración de los recursos del ramo 38. En particular, del sobregiro de más de 1,500 millones de pesos correspondientes al SNI . Resulta igualmente preocupante el subejercicio de 2,000 millones de pesos asignados al programa de becas de posgrado del Conacyt”, apuntan, y agregan que los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) presenta un sobregiro de 700 millones de pesos, y que una parte significativa de los recursos de PRONACES han sido asignados directamente mediante la modalidad de Proyectos por encargo de Estado, lo que genera fuertes inequidades entre disciplinas, instituciones y entidades federativas.
En la misiva apuntan también deficiencias de Conacyt en sus convocatorias, que son escasas, o mal planeadas, como es el caso de Fronteras, que a pesar de ser multianuales, el presupuesto se asigna cada año. También hablan de la modificación a estatutos, reglamentos y criterios de evaluación del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores.
ProCienciaMx señala que adelantándose a la posible promulgación de una nueva Ley, y en contraposición con la ley vigente “la administración de la Dra. Álvarez-Buylla ha hecho reformas a los reglamentos que rigen tanto el funcionamiento interno del Conacyt como su relación con la comunidad científica. Con esto se han modificado de manera ilegal las formas de participación, criterios de evaluación y prioridades para la asignación de recursos”.
Señalan el desconocimiento que esta administración hizo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico --aunque está incluido en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT) de 2002 como un organismo autónomo--, y la sustitución arbitraria de otro Foro que no es autónomo y que forma parte de la estructura interna del Conacyt, donde han eliminado la participación de los representantes de los investigadores.
Pero además señalan que han modificado el objeto del SNI a nivel reglamentario, y que sin consultar a la comunidad y por fuera de lo estipulado en la Ley de 2002, reformaron los estatutos del Conacyt y su reglamento interno, así como las reglas de operación de los diferentes programas. Y agregan que los resultados de la última evaluación para ingreso y promoción al SNI utilizaron criterios aplicados retroactivamente, que "ha llevado a la proliferación de juicios de amparo de parte de los integrantes del SNI, y a un mayor número de impugnaciones a las decisiones de las comisiones dictaminadoras”.
ProCienciaMx también les señala a los Senadores que el Conacyt, fuera de los reglamentos anteriores y actuales del SNI, constituyó en 2021 una comisión especial ad-hoc que designó al Dr. Gertz Manero como investigador nivel III del SNI, en contra de los dictámenes emitidos por cinco comisiones dictaminadoras distintas a lo largo de diez años, “tras esta arbitrariedad, más de 200 integrantes del Sistema Nacional de Investigadores denunciaron y documentaron ante la Junta de Honor del SNI que una parte de la obra del Dr. Gertz evaluada por la comisión especial es producto de plagio de la obra de autores ya fallecidos. A pesar de que el plagio constituye la más flagrante falta de ética en el mundo académico, la respuesta de la Junta de Honor, aceptada por el Consejo General del SNI, concluyó que a ninguna persona integrante de este sistema le corresponde denunciar plagio si no es la directamente afectada”.
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Y puntualizan que a partir de 2020 se aprobó la convocatoria para renovar las comisiones evaluadoras del SNI, pero sin representación de las y los investigadores, sin informar cuál debe ser el procedimiento para integrar las listas de evaluadores y sin consultar previamente a las comisiones dictaminadoras existentes, aunque está establecido en la Ley vigente, “con tan poca antelación que apenas dejó tiempo suficiente para realizar la evaluación”.
Al final, por si tuvieran duda, le plantean a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República cuatro cuestionamientos centrales que tendrían que hacerle mañana, durante su comparecencia, a la directora del Conacyt:
“¿Cómo es que una institución federal que es cabeza nacional de sector procede tan frecuentemente al margen de la ley y de la constitución?; ¿Dónde están los recursos para financiar las actividades de ciencia, tecnología e innovación que antes estaban alojados en los fideicomisos creados para estos fines, y por qué se ha hecho caso omiso de las observaciones de la ASP que evidencian graves irregularidades en la administración financiera del Conacyt?; ¿Por qué la dirección del Conacyt opera con tanta frecuencia en contra de los reglamentos que ella misma establece, de manera opaca y la mayoría de las veces a espaldas de la comunidad que dice representar y defender?; y ¿Por qué se han modificado los criterios de evaluación en el sni, se han designado comisiones dictaminadoras y comisiones evaluadoras ad hoc al margen de la legalidad y se han financiado proyectos sin la aprobación de la comunidad científica?”
melc
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