“Diputado no seas sumiso, protege el fideicomiso” fue la consigna que unos 50 académicos, estudiantes y trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) repitieron ayer una y otra vez afuera de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ese reclamo llegó a oídos sordos. Tampoco se atendieron las 70 mil firmas que pedían que no se aprobara el dictamen. Con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones, los diputados avalaron en lo general la iniciativa con la que se extinguen 109 fondos y fideicomisos, incluidos los 65 de ciencia y tecnología —26 de los Centros Públicos de Investigación (CPIs)—, además de Fidecine y el Fonden (del que proviene parte de los recursos para reconstruir monumentos afectados por los sismos).
“El capricho presidencial”, como lo definió el astrofísico José Franco, se hizo realidad, y las voces críticas vieron restada su autonomía, como lo describió Lorena Ruano, maestra del CIDE, que se manifestó en la Cámara.
Se hizo realidad el “capricho presidencial”, a pesar de todos los argumentos, de los datos que demostraban cómo, por lo menos en la ciencia, estos fideicomisos han sido auditados y cómo, por ejemplo, en un Centro de Investigación como el CIDE, su fideicomiso patrimonial se utiliza para cumplir compromisos laborales con los trabajadores y, el fideicomiso de ciencia y tecnología le permite traer recursos externos para becas a estudiantes o apoyos a investigación.
“Casi la mitad de lo que gasta el CIDE en un año proviene de recursos autogenerados a través de ese fideicomiso”, explicó Édgar Ramírez, quien es profesor de esa institución.
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Contra el argumento de algunos diputados de que la opacidad en el manejo de los fondos y fideicomisos motivó la reforma, Karla Sandoval, del Cinvestav, unidad Irapuato, expresó durante la manifestación:
“Si a algo estamos acostumbrados es a que nos auditen. Constantemente entramos en concursos para obtener financiamiento para desarrollar proyectos, y cuando nos auditan entregamos todas las cuentas de lo que se asignó”.
Aunque un grupo de la comunidad científica y cultural hizo un último intento adentro de la Cámara por convencer a los diputados de no desaparecer los fondos y fideicomisos, su esfuerzo también llegó a oídos sordos. Los diputados no tomaron en cuenta que, como lo explicó la maestra Lorena Ruano, “hoy el Cinvestav tiene 19 proyectos sobre el Covid que van a ver parados, en el CIDE tenemos más de cinco proyectos que están viendo los efectos socioeconómicos y políticos de la pandemia, y van a detenerlos”.
Alma Maldonado, investigadora de la UNAM y del Cinvestav e integrante de la Red ProCiencia, dijo que no todo está finiquitado, pues se aprobó en lo general —hubo 440 reservas—, y viene una discusión. “Una vez que se apruebe, va a Senado, ahí será la siguiente batalla; creo que como colectivos estamos listos para ir al Senado y seguir la demanda”.
La investigadora aseguró que los diputados del partido mayoritario y sus aliados no entienden el papel de los fideicomisos: “No entienden que esos fondos permiten tener proyectos transexenales, multianuales y que ese dinero ha sido autogenerado por los Centros de Investigación y, por lo tanto, tampoco tendrían derecho a tomarlo”. Concluyó que Elena Álvarez-Buylla (directora de Conacyt) perdió “toda autoridad y credibilidad en el sector por no haberse puesto a la defensa de los fideicomisos aun cuando había dicho que estaba a favor de que se conservaran”.
El astrofísico e investigador de la UNAM José Franco consideró que la aprobación del dictamen es ejemplo de que el país está frente “a un autoritarismo extravagante”. En entrevista, opinó: “Se hizo todo lo que se pudo, pero esto fue cocinado desde Presidencia. Los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Verde hicieron del capricho presidencial una realidad. El gran problema con el que nos enfrentamos es que los discursos de Morena, de Presidencia y de Hacienda, no tienen nada en común. El primero nos dice que será utilizado para salvar vidas, pero luego el Presidente dice que son recursos que van a cambiar de bolsa para hacer una distribución más transparente. ¿Quién está mintiendo?, ¿los dos?”
Claudia Anaya Mota, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, explicó que probablemente será el martes 13 cuando se vote en el Senado, y dijo que nuevamente podría haber mayoría a favor de la iniciativa presidencial. “Me parece que es una catástrofe no solamente para el presente sino para el futuro de la ciencia en el país. Los Centros de Investigación no trabajan bajo flujos de dinero de valor presente, no tienen el mismo ritmo presupuestal que las secretarías de Estado, y si se les impone este ritmo, los centros de investigación estarían sujetos a retrasos, recortes presupuestales, a que exista dinero de enero a mayo y después ya no. Ellos traen investigaciones multianuales, trabajan sobre prueba y error. Lo que hacen los Centros de Investigación es fundamental, son base del desarrollo científico, son semillero de muchos estudiantes”.
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La senadora por el PRI dijo que pueden venir amparos contra esta reforma: “Si tienes un derecho adquirido en el Tercero Constitucional —la ciencia, la tecnología y la innovación son parte de las garantías constitucionales—, ante una maniobra como esta contra esos fondos que permiten ejercer ese derecho, entonces la gente tiene derecho al amparo, hay instrumentos jurídicos que la comunidad científica puede utilizar para defenderse de esta arbitrariedad. Ya hay un amparo desde Cinvestav”.
El legislador del PAN Carlos Carreón, secretario de la Comisión de Cultura, lamentó que los diputados de Morena no tuvieron voluntad de escuchar y “se basaron en lo que se dijeron el Presidente y el Secretario de Hacienda de que se van a seguir otorgando recursos a la gente en forma directa, y la realidad es que no, es un engaño porque para que eso sea así se tiene que ver reflejado en el Presupuesto, y no está ahí”.
Al cierre de esta edición, continuaba el debate del dictamen en lo particular