La Red Latinoamericana para el estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias (LALICS) se pronunció en favor de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ( FCCyT ) y señaló que “la insistencia en un proceso legal” contra la comunidad científica “empaña la posibilidad de que las diferentes posiciones sobre las políticas públicas de CTI puedan ser planteadas y se construyan puentes entre ellas a favor del país”.
A través de un comunicado, la Red recordó que un juez dictó una sentencia definitiva ratificando que la acusación que emprendió el Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla no contenía elementos, aunque la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero iba a volver a presentar el caso por tercera vez.
Los argumentos contra los miembros de la comunidad científica señalan que el Foro Consultivo se había constituido como una asociación civil “y para los procesos de consulta constituían una desviación de fondos hacia fines privados, incluso personales, y la consumación de acciones al margen del interés de la ciencia nacional”.
Sin embargo, la Red enfatizó que el FCCyT se creó en 2002 junto con la Ley de Ciencia y Tecnología para ser un organismo de consulta autónomo no sólo para el Conacyt sino también para el Poder Ejecutivo.
“Hoy, ante cambios en el enfoque hacia la CTI y los actores involucrados, la actual administración de Conacyt propone que los recursos destinados al Foro siempre tuvieron un carácter ilegal, pues se discrepa en la manera en la que se implementó la legislación en el pasado. Esta situación se enmarca en un debate entre la actual administración de Conacyt y administraciones anteriores de esta institución y del FCCyT, involucrando a miembros de las comunidades de CTI”, dijo la Red.
Por ello, LALICS expresó su apoyo “irrestricto a la rendición de cuentas, la transparencia en las acciones y el uso socialmente responsable de los recursos y mecanismos del Estado mexicano”, pues todas esas acciones se deben realizar con apego a la ley, que en el caso del Foro Consultivo ya fueron declaradas como legales.
“Ante ello, pensamos que es claro que el problema central es la definición de prioridades y formas de administración de los recursos públicos dedicados a la CTI. Creemos que lo mejor para estas definiciones es el diálogo entre las comunidades CTI, para lo cual es indispensable un ambiente de confianza y apertura. La insistencia en un proceso legal, que ya ha sido desestimado por el sistema judicial mexicano en dos oportunidades y que incluye acciones que implican la privación de libertades en cárceles de máxima seguridad, empaña la posibilidad de que las diferentes posiciones sobre las políticas públicas de CTI puedan ser planteadas y se construyan puentes entre ellas a favor del país”, indicó la Red.
Además de expresar su apoyo especial a Gabriela Dutrénit , fundadora y presidenta de la Red, LALICS hizo una “invitación abierta y respetuosa a las autoridades mexicanas para que construyan un espacio de coordinación, en el que las diversas voces y visiones del país tengan la oportunidad de ser debatidas con amplitud y se generen así condiciones necesarias para que la CTI pueda acercarse cada vez más a la solución de los graves problemas sociales que aquejan a México y que requieren de un diálogo plural”.
El comunicado fue firmado por los investigadores Mariela Bianco (Uruguay), Victor Gómez-Valenzuela (República Dominicana), João Marcos Hausmann Tavares (Brasil), Marcelo Matos (Brasil), Matías Federico Milia (México), Hernan Alejandro Morero (Argentina), José Miguel Natera (México), Jeffrey Orozco (Costa Rica), Martin Puchet (México), Danilo Spinola (Reino Unido), Lilia Stubrin (Argentina) y Diana Suárez (Argentina).
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