Año con año, desde 1984 que se creó el Sistema Nacional de Investigadores (), los investigadores del país buscan su ingreso, permanencia o promoción en ese programa. Este 2021 es diferente, pues el Sistema es señalado de atravesar por procesos “irregulares”, pues sin difusión y mediante un nuevo mecanismo, el Conacyt, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, inició un proceso de votación para seleccionar a los integrantes de las Comisiones dictaminadoras —encargadas de valorar a los más de 30 mil integrantes del SNI—; sin embargo, para votar aparecían miles de nombres de personas incluyendo personas fallecidas o jubiladas.

El 27 de junio se cerró la votación para la elección de los integrantes de las Comisiones. Hasta ayer, Conacyt no había dado a conocer cómo quedaron integradas. Por las forma como se ha llevado a cabo el procedimiento, investigadores entrevistados tienen serias dudas acerca de quiénes estarán en estas comisiones; de ahí que consideran que el Conacyt debe anular ese proceso y emprender otro con la debida transparencia para evitar incertidumbre y discrecionalidad.

Proceso de evaluación

En el SNI está la categoría Candidato a investigador, así como Nivel I, II y III. Cada año los investigadores son sometidos a evaluaciones que deben realizar sus pares, a través de Comisiones dictaminadoras, una Nivel II y otra Nivel III. Debe de haber una de las nueve áreas del conocimiento. El cargo es honorífico, personal e intransferible y los dictaminadores lo ostentarán por tres años a partir de su nombramiento.

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Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que ha participado en diferentes Comisiones dictaminadoras, explica que, históricamente, esos grupos se conformaban a partir de un proceso de votación organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico al que Álvarez-Buylla le retiró los recursos para que ya no pudiera operar.

“Con la desaparición de ese Foro o la sustitución por otro órgano, ya no se hizo así, sino que Conacyt está haciendo esa consulta para que la Secretaría Ejecutiva del SNI defina a los nuevos integrantes. Ese no es un procedimiento mejor que el anterior, porque en el anterior se hacía un padrón de elegibles, que eran SNI Nivel III a los que previamente se les consultaba para saber si aceptarían en caso de ser nominados, pues nadie está obligado a aceptar el cargo. Ahora se circuló la lista con los nombres de la totalidad de los niveles SNI II y III para que los integrantes emitieran un voto, sin que se les hubiera consultado, lo cual va a generar un problema grande porque sólo a la hora de los resultados se les preguntará si aceptan o no”, explica Rodríguez.

Con el mecanismo que se tenía antes, detalla el investigador, el SNI había logrado “estabilidad”, pues había reglas y criterios conocidos por las diferentes comunidades y a su vez, eso contribuyó a generar legitimidad. Sin embargo, ahora “no hubo una consulta con las comunidades, las Comisiones y los expertos para fijar las nuevas reglas, sino que éstas vienen de arriba para abajo, es una decisión de la dirección del Conacyt. Ahora hay más inconformidad que respaldo”.

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Esa idea es secundada por los investigadores Antonio Lazcano, Alma Maldonado, Susana Quintanilla, José Franco y David Romero. Reglamentariamente van a decidir en las altas esferas del Conacyt la composición de las Comisiones”, dice Quintanilla.

Maldonado sostiene que este tipo de acciones sólo abonan a la incertidumbre, pues no “se tiene certeza de quiénes conformarán todos esos grupos”.

A esa forma de operar en el Conacyt, los especialistas agregan otras irregularidades en el SNI, como que los investigadores de instituciones privadas ya no recibirán estímulos —algo que califican como discriminatorio—; el “favoritismo” hacia el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien ingresó al nivel III del SNI sin haber atravesado por los niveles previos como es el procedimiento; el despido de integrantes del programa Cátedras Conacyt y la extinción de fideicomisos de ciencia.

Argumentos a los votos

Como parte del proceso de votación de los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, explica David Romero, la nueva plataforma pedía argumentar en 50 palabras el voto emitido: “Esto es confuso porque no queda claro cómo el SNI o el Conacyt empleará ese tipo de opiniones. El argumento es algo nuevo, pudiera ser algo interesante pero en ausencia de información, levanta sospechas”. Y Romero va más allá: “El problema es de inicio, porque no fuimos informados de la existencia de esta consulta. La mayoría de los investigadores se enteró por rumores. No es claro por quién se iba a votar y seguimos sin saber cuáles miembros serán sustituidos”.

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Metodología de evaluación

Para evaluar a los investigadores, las Comisiones dictaminadoras hacen uso de los criterios establecidos en el Reglamento del SNI, aunque cada una de las nueve áreas de conocimiento cuenta con Criterios específicos de evaluación, que sin haber consultado con los diferentes cuerpos colegiados fueron publicados. “No eran criterios de administración y a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando, pero en este caso se hicieron sin una consulta a las comunidades, lo cual puede generar no sólo confusiones, sino malestares en el futuro en aquellas áreas donde los criterios se cambien por otros que no sean considerados como adecuados”, dice José Franco.

El Conacyt intentó destituir a Antonio Lazcano de su cargo como integrante de una de las Comisiones dictaminadoras, pero el biólogo obtuvo un amparo y parte de su trabajo debió consistir en participar en la reformulación de los criterios de evaluación, aunque señala que no fue convocado. “Antes de modificar los criterios se comunicaba a los integrantes de las diferentes áreas. En las primeras comisiones de trabajo —que no sabemos cuándo van a ser— se discutían los criterios y siempre había un consenso académico. Yo no me voy a dar por enterado de los nuevos criterios de evaluación hasta que no se me avise, en mi carácter de miembro legítimo de la Comisión dictaminadora, que esos son los criterios con los que vamos a funcionar”, dice Lazcano. Los criterios de evaluación, reconoce, eran documentos perfectibles; sin embargo, “la directora del Conacyt juega con ellos como si fueran un patrimonio político”.

Aunado a ello, Susana Quintanilla dice que en el nuevo reglamento del SNI (publicado el 20 de abril), los nuevos criterios tendrían que ser aplicados hasta 2022: “Los criterios tienen que ser elaborados por los especialistas. De aplicar estos nuevos, ¿cómo van a argumentar eso? Además introducen nuevos elementos que no estaban contemplados antes”.

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“Los nuevos criterios serían adecuados si se fueran a aplicar dentro de tres años para que la gente lleve a cabo actividades ya teniendo en cuenta qué es lo que se va a valorar”, asegura Roberto Rodríguez.

Estas acciones, advierte David Romero, reflejan la concentración de poder en la toma de decisiones: “Esa es la tónica que ha seguido el Conacyt, pero confundiendo los términos de qué es lo que debe ser el Sistema de ciencia y tecnología”.

Por todas esas irregularidades, concluye Lazcano, se propician más irregularidades en el SNI, pues “el manejo discrecional ya está dado con la designación del fiscal Gertz Manero. Los cambios que pretende la doctora Álvarez-Buylla y su equipo reflejan que ve al SNI como un carácter patrimonial y que puede jugar con los criterios académicos a su antojo, pero no es así. El SNI no es una dádiva del gobierno o del director del SNI, es una obligación del Estado mexicano para apoyar la ciencia para construir una sociedad”.

30 mil INTEGRANTES tiene el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt

Frases

“Las nuevas reglas vienen de arriba para abajo, es decisión de la dirección del Conacyt. Ahora hay más inconformidad que respaldo”. Roberto Rodríguez. Investigador de la UNAM

“No me voy a dar por enterado de los nuevos criterios de evaluación hasta que no se me avise en mi carácter de miembro legítimo de la Comisión”. Antonio Lazcano. Investigador