La International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN), que fue fundada en 1993 los premios Nobel François Jacob, Torsten Wiesel y Max Perutz ; así como por Pieter van Dijk, abogado en Derechos Humanos, externaron su preocupación por las acusaciones en contra de los 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), e hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que los procesos judiciales se hagan conforme a derecho.
A través de un comunicado, la IHNRN indicó que está al tanto de la situación por la que atraviesan los 31 integrantes de la comunidad científica, luego de que en dos ocasiones, la Fiscalía General de la República (FGR) buscara que se les girara órdenes de aprehensión por los delitos de Peculado, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada.
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Con esas órdenes de aprehensión, indicó la organización internacional, se buscaba colocar a los científicos e investigadores en una prisión federal de máxima seguridad.
Esos presuntos delitos implican “penas severa, e incluso posibles décadas en prisión”, sin embargo, un juez federal señaló que no encontró pruebas suficientes e irregularidades, y por ello, negó que se girarán las órdenes de aprehensión contra las 31 personas señaladas.
Pese a esa negativa, dijo la organización, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero , ha insistido en que buscará su detención: “Los repetidos esfuerzos para arrestar y detener a estas personas, basados en argumentos legales rechazados por la Suprema Corte (de México) incompatibles con las obligaciones de México en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en el que se habla del derecho a un debido proceso y a no ser objeto de alguna detención arbitraria.
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“Compartimos la preocupación expresada por muchas otras organizaciones científicas de que nuestros colegas están siendo objeto de acoso por parte del gobierno y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para garantizar que cualquier investigación adicional hacia estas” 31 personas concuerde con los compromisos adquiridos por México en materia de derechos internacional de derechos humanos”.
fjb