Tras la denuncia presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ), encabezada por María Elena Álvarez-Buylla , la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de cuatro delitos a 31 científicos exfuncionarios del consejo y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. ( FCCyT ). Sin embargo, el Foro negó que se hayan cometido delitos de peculado y delincuencia organizada y remarcó que el Consejo actuó en desacato y por ello, hay una investigación abierta.
El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha , apoderada legal del Conacyt, presentó una denuncia ante la FGR. Tras esa acción, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha buscado en dos ocasiones que se giren órdenes de aprehensión en contra de los 31 miembros de la comunidad científica.
Sin embargo, a través de un video, el FCCyT indicó que surgió en 2002 y durante 18 años, “las instituciones académicas de investigación y empresariales compartieron un espacio de reflexión común para servir al pueblo de México”, pues el Foro era un organismo “autónomo constituido por ley que nació con el objetivo de usar el talento de universidades y centros de investigación para asesorar al Estado mexicano en el desarrollo de las áreas educativas científicas tecnológicas y de innovación”: https://fb.watch/8JB-K0uDMS/
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Esas labores se tuvieron que modificar porque a mediados de 2019, dijo el Foro, el Conacyt “se rehusó a otorgar el financiamiento necesario” para su funcionamiento, contrario a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología que aún está vigente, que dice: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
Derivado de la negativa del Conacyt para darle recursos, el Foro “detuvo sus operaciones. Un país debe nutrirse de la pluralidad de visiones y opiniones existentes para construir políticas públicas con la participación de todos los actores involucrados es por esta razón que el foro promovió un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa”.
Detalló que ese tribunal otorgó la suspensión provisional y definitiva: “ Es decir, en dos ocasiones el juez le ordenó al Conacyt entregarle el presupuesto al Foro Consultivo desafortunadamente el Conacyt emitió un cheque a nombre de la secretaria técnica del Foro Consultivo, una persona física, en lugar de entregárselo a la asociación civil. Si el cheque hubiera sido cobrado en estas condiciones se habría incurrido en el delito de peculado, así que el cheque fue devuelto el Conacyt desobedeció la orden del juez y no hizo el nuevo cheque, por lo cual entró en desacato y hay una investigación abierta en contra de su directora general”.
A la par de esas acciones judiciales, detalló el Foro, el Conacyt reformó su Estatuto Orgánico, “a fin de desconocer la legalidad del Foro Consultivo y privarlo de las características con las que fue creado”.
Al Estatuto Orgánico se le hicieron tres modificaciones, con las que quitó al Foro Consultivo “su personalidad jurídica, la capacidad de tener patrimonio propio y dejó de tener autonomía. Con esto creó una contradicción con la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Nunca hubo desvío de recursos, ni hubo usurpación de funciones y mucho menos delincuencia organizada. Toda la actuación del Foro Consultivo se dio en el marco de la ley lo cual queda evidenciado con las dos veces que los jueces han revisado las presuntas acusaciones y han seguido encontrando inocentes a los 31 científicos”.
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La situación jurídica de los 31 miembros de la comunidad científica se dio a conocer a finales de septiembre y a partir de ese momento, instituciones nacionales e internacionales han expresado su rechazo.
“El grupo de científicos acusados y las comunidades científicas nacionales e internacionales que se han pronunciado creen en la ciencia como camino para la construcción de sociedades más justas más honestas y más austeras. No hay duda que la educación es el mejor mecanismo de movilidad social para vivir mejor. La ciencia siempre trabaja y trabajará al servicio del pueblo de México”, indicó el Foro Consultivo.
Por su parte, el Conacyt compartió el 8 de octubre en su canal oficial de YouTube en el que dijo que el juicio de amparo promovido por el Foro Consultivo ya fue cerrado: “En julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la nación resolvió que el Conacyt no estaba obligado a darle dinero al Foro Consultivo Científico y Tecnológico”
Asimismo, el organismo dirigido por María Elena Álvarez-Buylla afirmó que “el Conacyt no persigue científico, al contrario, los apoya. El Conacyt defiende la libertad de cátedra, la investigación, de expresión y respeta las diversas corrientes de pensamiento”.
melc