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Para la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, no existe una contradicción entre los apoyos que ella recibió durante su formación académica por parte del Estado y las solicitudes de extensión de doctorado en las que hoy se rechaza a 68 jóvenes. Ayer, EL UNIVERSAL informó que a la directora se le concedieron dos años más para completar sus estudios en la Universidad de California, en Berkeley.
“No hay contradicción porque al igual que yo fui evaluada, estamos evaluando (a los becarios) con toda seriedad; estamos evitando discrecionalidad y opacidad que había. No nos encontramos con una política de asignación de becas, nos encontramos con un reglamento que estamos siguiendo cabalmente”, señaló Álvarez-Buylla, ayer durante la presentación del programa “Penta”, enfocado a tecnología e innovación.
En los últimos días, jóvenes investigadores en el extranjero han manifestado falta de transparencia en el proceso para dictaminar la extensión del apoyo. De las 339 solicitudes que se mandaron este año, han rechazado 68, y 175 están pendientes. Esta administración se ampara en que los becarios firmaron un convenio exclusivo de tres años. Aunque gran parte de estos programas doctorales son de cuatro o cinco años. Administraciones anteriores de Conacyt otorgaban un año más, siempre y cuando la investigación lo requiriera y ameritara.
“Conacyt se tiene que regir por criterios de transparencia. No nos vamos a regir por presiones mediáticas, que además manejan información que no es verídica, y tampoco por presiones mediáticas ejercidas por becarios que no cumplen, en algunos casos, los requisitos que están planteados en los reglamentos”, apuntó la directora del Conacyt.
Según Álvarez-Buylla, para no caer en una “discrecionalidad” ya solicitaron a la unidad jurídica de este organismo hallar un mecanismo para, en próximos días, solucionar esta problemática.
“Los becarios firmaron un convenio y ellos sabían lo que estaban firmando, ahora para extender esto y no caer en una ilegalidad lo que hemos hecho es pedir a la unidad jurídica una consulta y un mecanismo para encontrar la manera de ampliar los periodos de beca para estudiantes que por reglamento no deberían o no podrían tenerlo”, recalcó la funcionaria.