Las pequeñas flores de especies como Heliopsis annua y Bursera fagaroides, mejor conocidas como hierbita amarilla y aceitillo, crecen sobre el altiplano árido que en México representa 49% de nuestro territorio. Su casi imperceptible toque de color contrasta con las múltiples posibilidades con las que crecen ante la mirada de los científicos. El Catálogo de Plantas Útiles del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas (CIIDZA) es una muestra de ese capital natural. Su sede se encuentra al interior del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnología (IPICYT), el más joven de los 26 Centros Públicos de Investigación Conacyt.
Su director general, el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, explica algunos de los proyectos del Instituto Potosino vinculados a la riqueza de este tipo de ecosistemas. Especialistas del área de biología molecular trabajan en caracterizar compuestos de origen natural, presentes en plantas y frutos de las zonas áridas y semiáridas, que tengan efectos biológicos para remediar distintos problemas de salud, incluso alternativas que permitirían tratar secuelas de la infección por SARS-CoV-2.
Conacyt reconoce al Sistema de Centros Públicos de Investigación como la segunda fuerza de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico en el país. Para garantizar la disponibilidad de recursos en el mediano y largo plazo, estos centros de investigación han contado, como otras instituciones científicas, con fideicomisos con los que han podido mantener la continuidad de sus labores de investigación y docencia con recursos que complementan su presupuesto anual.
Se busca caracterizar los ecosistemas y retroalimentar los conocimientos y recursos de comunidades locales, como por ejemplo, darle utilidad a los desechos sólidos de la industria tequilera, como la creación de combustibles gaseosos o líquidos. Por otra parte, especialistas en nanomateriales buscan compuestos que puedan transportar biomoléculas útiles para tratar disfunciones como el cáncer.
En las áreas de geociencias aplicadas y de ciencias ambientales, los científicos trabajan en proyectos como la biorremediación de mantos acuíferos por diferentes fuentes de contaminación, por ejemplo, arsénico.
Cabe señalar, que se desarrolla una sinergia con la industria que también se ve reflejada en algunos servicios, como el caso de análisis cromatográficos a diferentes compañías de tequila. Esta bebida se caracteriza no solo por su contenido de alcohol, sino de otros componentes, como los congéneres, componentes biológicamente activos que le confieren el gusto completo al tequila.
El doctor Antonio de León, de la División de Biología Molecular, hace análisis que ayudan a controlar la calidad de este producto. Por otra parte, cabe señalar que al interior de este instituto está el Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola Médica y Ambiental (LANBAMA), que cuenta con la autorización de Cofepris e INDRE para desarrollar la prueba de detección del SARS-CoV-2.
Salazar Olivo explica que se trata de proyectos científicos de naturaleza aplicada y también de naturaleza básica y teórica, mediante los que los investigadores buscan hacer crecer el conocimiento para que eventualmente tenga aplicaciones útiles. “Todo el conocimiento es un bien social y dependemos de él, pero el que casi siempre el conocimiento sea importado, sale muy caro. Nuestro país debería desarrollar su propio conocimiento y no me refiero a uno “mexicano”, pues este legado no tiene patria, ni nacionalidad”, asegura.
A pregunta directa a Salazar Olivo, sobre si alguno de los proyectos del instituto que dirige están en riesgo por la extinción de los fideicomisos, la respuesta es contundente:
“En realidad todos los proyectos están en riesgo porque el fideicomiso, alimentado exclusivamente con los remanentes de fondos que generan nuestros investigadores, tiene múltiples usos, desde el mantenimiento de cosas muy básicas, pero indispensables, como nuestro sistema eléctrico”.
El investigador señala que este año el IPICYT cumple dos décadas y la instalación eléctrica necesita reponerse.
“Lamentablemente, Hacienda tiene cinco o seis años que no autoriza presupuesto para reparar esto, ni hay recursos del presupuesto fiscal para la impermeabilización de los techos. Todo esto sale del fideicomiso”.
Para el también especialista en biología celular, la ecuación es sencilla: si los servicios básicos no funcionan adecuadamente o las herramientas de trabajo se vuelven obsoletas e inservibles, entonces todos los proyectos peligran.
Con diferentes acentos, este es el escenario que se respira en los diferentes centros de investigación del país.
El doctor Guido Lorenzo Marinone Moschetto, director general del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), explica en una carta enviada a la Cámara de Diputados cómo el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CICESE, constituido por mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCT) como fideicomiso, es un instrumento que les ha permitido avanzar en el desarrollo de sus proyectos educativos, así como en los múltiples posgrados que realiza la institución y que no serían posibles bajo el marco del presupuesto fiscal otorgado.
“Además, con los fondos del fideicomiso, el CICESE cubre gastos no contemplados dentro del presupuesto fiscal, como becas complementarias a estudiantes, mantenimiento del barco oceanográfico Alpha Helix, fondos concurrentes exigidos en diversas convocatorias, apoyos a proyectos multianuales, contratación de personal técnico eventual y canalización de recursos complementarios a actividades de apoyo a la investigación, como desarrollo tecnológico e innovación”, puntualiza Marinone Moschetto, para quien sin el fideicomiso no se podrá cumplir cabalmente con la generación del conocimiento de frontera.
Algunos de los proyectos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada tienen relevancia en el apoyo de estrategias de impacto nacional, como la creación del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, la Red Sismológica del Noroeste de México, el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis y el Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuícolas.
Marinone concluye su misiva diciendo que en el umbral de contar con una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología, sería perfectamente posible hacer los ajustes necesarios para diseñar, si fuera el caso, un mecanismo gradual de reemplazo que permita suplir la flexibilidad que han permitido los fideicomisos.
Por otra parte, Salazar señala: “Los fideicomisos no son un lujo, ni le cuestan al erario y son permanentemente auditados, por lo tanto deberían de permanecer vigentes. Espero que las autoridades entiendan que si no son capaces de proveer el recurso necesario para la ciencia como lo manda la Constitución, es decir, el 1% del PIB, algo que nunca se ha cumplido, por lo menos se deben permitir instrumentos que ayuden a contrarrestar el déficit en ciencia que venimos arrastrando desde hace muchos años”.