Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) hacen un llamado para que la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación sea elaborada en apego a lo establecido a la Constitución y que debe considerar un “ejercicio científico libre”.
William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica, dijo que ha presentado propuestas en distintos foros a fin de enriquecer la iniciativa, y consideró fundamental convocar a la comunidad científica para sugerir proyectos, toda vez que “por la escala de su economía y población, así como por su trayectoria en distintas áreas del conocimiento, México debe y puede ser líder en al menos media docena de grandes proyectos en distintas áreas”.
Lee Alardín hizo la declaración en un foro organizado por la máxima casa de estudios, en el que también participó Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, quien señaló que la solución de los problemas nacionales demanda enfoques multidisciplinarios e innovación, requieren conocimiento científico y tecnológico. “No los podremos atender si no articulamos a los actores del sistema nacional de CTI en torno a problemas específicos y si no adoptamos un enfoque transversal de la política en la materia”.
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El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, definió los elementos indispensables a considerar en la elaboración de la Ley General de Ciencia: que se sujete a los marcos constitucional mexicano y legal internacional, además de que convocó a que el proceso legislativo se realice de acuerdo con las mejores prácticas parlamentarias: transparencia en la discusión, acceso a la información y rendición de cuentas.
La directora del Instituto de Física, Cecilia Noguez Garrido, se refirió al personal altamente calificado, el cual permite a cualquier país ser más competitivo, adaptable y con mejores estándares de vida; la ciencia, precisó, es indispensable para su soberanía.
“La ciencia, la tecnología y la innovación proveen los fundamentos y las herramientas para enfrentar los nuevos retos sociales nacionales y globales en salud, cambio climático, seguridad energética y alimentaria, acceso al agua, así como igualdad y cohesión social”, señaló Noguez Garrido luego de pronunciarse por aumentar las becas para científicos en formación.
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En su intervención, Rafael Loyola Díaz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, opinó que en la nueva discusión deben incluirse los siguientes conceptos: una ciencia libre, por encima del Estado, con las mediaciones adecuadas por el sector productivo y la sociedad, de largo plazo, descentralizada, con participación de la comunidad científica y contrapesos.
“El país se ha diversificado mucho y existen consejos de ciencias en todos los estados de la República. Se necesitan para que caminen las cosas”, dijo Loyola Díaz.
Por su parte, Gustavo Vega Cánovas, secretario general de El Colegio de México , indicó: se espera que la nueva ley garantice la gobernanza de la comunidad científica a través de figuras de consulta y evaluación sólidamente conformadas, además de que la producción científica, tecnológica y de innovación deben disfrutar de libertad de investigación y no depender de los intereses políticos de la administración en curso.
fjb