La Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
(ESOCITE) y la Universidad de la República de Uruguay expresaron su preocupación por las “desmedidas acusaciones de la Fiscalía General de la República ( FGR )” en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ( FCCyT ), y por ello, hicieron un llamado “a vigilar el debido proceso”.
A través de un comunicado, la ESOCITE dio a conocer que “manifiesta su preocupación por los acontecimientos sucedidos en fechas recientes en México y que implican a un grupo de 31 científicos (as) y funcionario (as) públicos del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) del país ha acusado penalmente por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Con base en ello, la FGR ha propuesto que sean detenidos y llevados a un penal de máxima seguridad”.
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La ESOCITE recordó que ya en dos ocasiones un juez federal a quien fueron solicitadas las órdenes de aprehensión correspondientes “rechazó el requerimiento por falta de elementos legales en la acusación, sin embargo, la FGR insiste en que su imputación es válida y continuará la acusación por otras vías legales”.
Frente a ese panorama, la Asociación Latinoamericana dijo estar “a favor de la búsqueda de hechos que valoren el debido uso de recursos públicos. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por los hechos desmedidos y sin los fundamentos necesarios para proceder legalmente contra los implicados. Hacemos un llamado a vigilar el debido proceso pues ello es fundamental para sostener no tan solo la institucionalidad y política científica y tecnológica, siempre débil en nuestro continente, sino también el prestigio e integridad de los (as) investigadores (as) mexicanos (as)”.
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Por su parte, la Universidad de la República de Uruguay envió una carta al doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe ( UDUAL ), en la que hizo un llamado para que en México “prime el respeto y las garantías del debido proceso y que el mismo concluya finalmente con el desistimiento de las acusaciones penales contra las y los colegas incriminados”.
En el documento de la Universidad firmado por su rector, el economista Rodrigo Arim , se indica que “el Consejo Directivo de la Universidad de la República en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2021, adoptó” su posicionamiento, pues “la criminalización del accionar de los académicos equiparado al de las mafias delictivas que asolan nuestro continente promueve ante la opinión pública internacional y el tratamiento mediático del caso un desmerecimiento del papel de la ciencia y la cultural en general, una asociación directa entre corrupción y academia en la orientación de fondos públicos, así como el desconocimiento del desempeño autónomo de los científicos en instituciones a las que son convocados, precisamente, en su calidad de especialistas y con la finalidad de asesorar a las autoridades”.
La institución enfatizó que defiende el uso responsable de los recursos públicos y la rendición de cuentas periódica, aunque indicó: “Abogamos para que en nuestra hermana República de México prime el respeto y las garantías del debido proceso y que el mismo concluya finalmente con el desistimiento de las acusaciones penales contra las y los colegas incriminados”.
melc