La iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LHCTI) enviada a la Cámara de Diputados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 13 de diciembre, es retrógrada, centralista y afecta la libertad académica. Integrantes de la comunidad científica la califican de propuesta cargada de ideología barata y producto de un nacionalismo étnico; una ley que pretende crear una ciencia de Estado, que retrocede 50 años, que atenta contra la investigación científica contemporánea y cree “descubrir el agua tibia” al incorporar en sus título a las humanidades, aunque siempre han estado las ciencias sociales.
“Resumiría esta propuesta de ley como una iniciativa del Presidente que refleja las obsesiones ideológicas de la doctora (María Elena) Álvarez-Buylla (titular del Conacyt ) y que lo que busca es crear una estructura centralista para generar una investigación de Estado y una ciencia de Estado”, afirma el doctor Antonio Lazcano , quien señala que esta iniciativa no sólo excluye a las universidades públicas y privadas de la Junta de Gobierno, y a los representantes de los investigadores, sino que propone una investigación en desarrollo tecnológico guiada por el Estado desde la visión del nacionalismo étnico.
El científico de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional señala que este nuevo proyecto está determinado por una visión de lo que se llama el nacionalismo étnico, “Álvarez-Buylla está confiando en el valor que existe en el conocimiento empírico y lo está poniendo en contradicción con el valor de la investigación científica contemporánea, lo cual son oposiciones totalmente ridículas, por un lado; y por otro lado, lo que está haciendo es con esta visión centralista, suprimir lo que es uno de los grandes valores de la investigación que es precisamente la evaluación de pares”.
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La iniciativa de 124 páginas, se suma a otras cuatro iniciativas existentes, incluido un proyecto de la propia comunidad científica. Sin embargo, ésta ha sido cuestionada porque no tuvo consenso ni consulta a la comunidad y posee una carga ideológica.
Ayer, a través de un comunicado, el Conacyt defendió la Ley y afirmó que fortalecerá al Conacyt como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que garantiza el derecho humano a la ciencia, y que desde 2019 ha hecho un proceso de consulta con la comunidad, incluidas instituciones de educación públicas y privadas.
La doctora Brenda Valderrama, biotecnóloga de la UNAM y una de las científicas que ha analizado a mayor profundidad esta ley, asegura que no sólo se trata de un proyecto que nos regresa a la ciencia de los años 70, sino que “tiene todo el espíritu de la administración” y es una ley retrógrada “donde se pierden muchos de los avances logrados en los últimos 50 años” .
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Asegura: “Por supuesto, lo que quiere es desaparecer al Conacyt como lo conocemos para generar algo que tiene una carga ideológica terrible. La mitad del documento es ideología barata, no hay un solo diagnóstico. Está basada en la desconfianza, está basada en el rechazo, está basada en el reproche, pero no hay un solo diagnóstico. No es la ley que México necesita, es la ley que ellos quieren”, dice en referencia a la administración del presidente López Obrador.
Es una ley que excluye de la Junta de Gobierno a la ANUIES, a las universidades públicas y privadas y a los representantes de los investigadores, como dice Lazcano, quien agrega que a cambio propone que la investigación en desarrollo tecnológico esté guiada por el propio Estado.
“No es documento de coordinación entre órdenes de gobierno, es un documento centralista donde una sola cabeza, que es la persona que está en la presidencia de la República, va a tomar las decisiones de ciencia en el país, y le va avisar a sus empleados —sus secretarios— y también a los gobernadores, qué es lo que les toca hacer y eso es lo que está mal”, afirma Valderrama. La investigadora enfatiza que esta propuesta de ley nos regresa a donde estábamos en 1970, “a una agencia de becas a discreción y un sistema de financiamiento completamente discrecional, a modo”.
Ese señalamiento de retroceso y de centralismo en la gobernanza también lo puntualiza la doctora Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav y de la UNAM. “Hay muchas preocupaciones, yo destacaría la de la gobernanza, y cuál es el planteamiento que hay detrás de la ley que es querer controlar al Sistema, querer controlar a los actores, querer controlar la agenda y los temas que se investigan en México. Es cambiar la gobernanza y diluir los órganos colegiados, omitir la representación de las universidades autónomas, es muy grave y debe se una llamada de atención para la comunidad científica”.
¿Inclusión de las humanidades?
Aunque con menos presencia, pero las humanidades y las ciencias sociales han estado incorporadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde su fundación y el hecho de que esta ley las incluya en su nombre no significa nada, “creen que están descubriendo el hilo negro o el agua tibia, como decimos los mexicanos, pero las humanidades y las ciencias sociales desde un principio han estado contempladas en la promoción de la investigación académica”, afirma Lazcano. Y Maldonado agrega que hay un falso planteamiento en la propuesta de ley y en lo que dice la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, cuando afirma que por primera vez las humanidades van a ser tomadas en cuenta y ser parte del sistema, “sólo le suma una sigla más, la H, pero esto no es una reivindicación, porque la investigación humanística siempre ha sido parte del Conacyt y de sus programas y del Sistema Nacional de Investigadores”.
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La doctora Leticia Calderón, profesora-investigadora del Instituto Mora, dice que el hecho de incluir a las humanidades es para darles visibilidad, “porque claro que se incluían, pero siempre hubo debate fuerte, en términos de hacer menos o evaluar de una manera muy rígida a la producción que desde esa área se da”.
De reversa
Los científicos consultados coinciden en que es una ley que limita la libertad de investigación, pues la comunidad ahora dependería de las determinaciones del Estado, que Antonio Lazcano califica como una visión de ceguera extraordinaria. “Nadie duda del papel rector que el Estado debe tener en la investigación académica, pero al limitar la libertad de investigación, al limitar las preguntas que los investigadores se hagan, se circunscribe la visión de la investigación a lo que solamente diga el gobierno en turno en tanto que representante del Estado”.
Para Valderrama, el Conacyt con esta propuesta ha desmantelado de facto todo el sistema de financiamiento de la ciencia al desaparecer los fondos y los fideicomisos, además desmantela también el sistema nacional de becas de posgrados y de investigadores, “corremos el riesgo que ahora los únicos programas de todo el país que no eran clientelares se vuelvan clientelares al desaparecer las reglas que les daban sustento”. Maldonado agrega que en la ciencia “se convoca y se convence, no se decide autoritariamente. Ni siquiera es inteligente esa postura”.
Para Lazcano es un daño más a la ciencia. “Ya en este momento la doctora Álvarez-Buylla, con sus errores, con sus rencores académicos, con su incapacidad administrativa ha dañado la ciencia de una forma terrible. Hay ejemplos muy concretos: la eliminación de los fideicomisos, la imposición de autoridades en los Centros Públicos de Investigación, las acusaciones falsas en contra de antiguos funcionarios del Conacyt; es una pena que la doctora Álvarez-Buylla, siendo una académica sólida, con un prestigio académico ganado con su inteligencia, su trabajo y su visión, ahora se haya puesto en ese papel de incondicionalidad respecto al gobierno del Presidente”.
A pesar de eso, Antonio Lazcano es optimista y confía en que la comunidad académica y los legisladores se den cuenta del riesgo tan grave que esto entraña para el desarrollo académico, para la investigación científica y la investigación tecnológica en México; y lo que es más, dice, por “la derrota tan brutal que se llevó el presidente López Obrador en el relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el plagio de la ministra Esquivel Mossa, la lección es que no son invencibles, no son gente que pueda presumir que cualquier iniciativa va a salir adelante”.
La doctora Brenda Valderrama no es tan confiada y alerta: “No sólo no es una ley que le sirva a México, es una ley que rechaza lo que es México en el siglo XXI y que trata de aislar al país del resto del planeta y moldearlo con una carga ideológica muy severa; aisla al país de todos los criterios de calidad y competitividad”.
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