Hoy concluye la convocatoria de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2023, dejando en incertidumbre todavía a estudiantes de ciencias administrativas de siete universidades públicas, a quienes se les negó el apoyo porque —pese a prometer becas universales—, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt) considera que su campo no es de prioridad nacional. La situación es tan sólo la punta del iceberg de los problemas que enfrenta Conahcyt por los cambios que ha realizado su actual administración.
“Lo que estamos viendo es consecuencia de dos corrientes: por un lado, el haber desmantelado un sistema que funcionaba, con criterios de calificación y transparente”, por otro, el déficit presupuestario que viene arrastrando Conahcyt, dice Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y especialista en política científica.
En julio de 2021 desapareció el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y se creó el Sistema Nacional de Posgrados (SNP). El PNPC se dedicaba a evaluar (algunos señalan que era con una alta exigencia) la calidad de los posgrados. Aquellos que eran mejor evaluados, podían ofrecer a sus estudiantes becas Conahcyt. Sin embargo, para la titular de Conahcyt este programa, que dice se creó en la época neoliberal, era discriminatorio y priorizaba una “visión productivista”, centralista y que su evaluación era cuantitativa.
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Por eso, el PNPC fue sustituido con el SNP, un sistema “alineado con el proceso de transformación estructural que vive el país”, expresó en el marco del 3er. Foro Nacional de Posgrados “Nuevas Bases para la Formación e Investigación en Posgrados Conacyt” de 2021. También se prometía que este nuevo modelo tendría “mayor rigor científico y social” y que propiciaría el principio de “no discriminación” a fin de garantizar “becas universales”. Este cambio también plantea que no habrá una evaluación y que todos los posgrados anotados en el SNP podrán ofrecer becas a todos.
“Ahora sólo se registran y viene la parte populista demagógica de decir a todos les vamos a dar beca porque ya nadie se va a quedar sin beca. Se supone que le van a dar beca a todo posgrado que se registre, sin hacerle alguna evaluación. Pero las becas no van a alcanzar”, dice Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, quien destaca que el PNPC podía ser criticable por su nivel de exigencia y presión, pero que esto también ayudó a que se fortaleciera el posgrado en México.
Valderrama señala que Conahcyt desmanteló un sistema que funcionaba con criterios de calidad y que “se ha degradado de ser cabeza de sector a ser una agencia que da becas” para el SNI y posgrados, este último se ha convertido en un “programa clientelar” cuya magnitud es difícil de cubrir con los recursos actuales.
Tan sólo Conahcyt enfrenta actualmente un déficit presupuestario de mil 432 millones 855 mil 786 pesos, como informó el propio Consejo en un correo electrónico a miembros del Sistema Nacional de Investigadores a quienes se les retiraría el apoyo por la falta de recursos. Esto ocurrió el pasado 18 de mayo.
Ante la realidad de que no cuenta con suficientes fondos para garantizar becas universales, el Conahcyt estableció un nuevo criterio de cinco prioridades, el cual, explican las especialistas, es arbitrario y abierto a interpretación. Las becas están sujetas al presupuesto, entre más abajo coloquen el posgrado en las prioridades, es menos probable que se otorguen las becas.
El nuevo criterio pone en primer lugar a estudiantes de doctorado de instituciones públicas y Centros Públicos de Investigación enfocadas en campos y disciplinas de atención prioritaria —cuya selección es muy amplia porque abarca desde el área físico-matemática hasta la producción artística y artes para el diseño. En segundo lugar están las maestrías de instituciones públicas y Centros Públicos de Investigación enfocadas en campos y disciplinas de atención prioritaria. La división entre doctorado y maestría es un error, dice Valderrama, pues si se descuidan las maestrías, difícilmente los estudiantes podrán llegar al doctorado.
En tercer lugar están los doctorados y maestrías de instituciones públicas en áreas prioritarias, pero con un enfoque meramente profesionalizante y no de investigación. “Priorizar los programas de investigación sobre los profesionalizantes significa que el Conahcyt renuncia a generar profesionistas calificados, o sea hacer más grande lo que ella (Álvarez-Buylla) se queja: que hay muchos investigadores sin incidencia social. Que no sea profesionalizante es desvincularse más de la realidad nacional”, dice Valderrama.
En cuarto lugar están los doctorados y maestrías de instituciones privadas, y en quinto lugar, los doctorados y maestrías de instituciones públicas y privadas que no trabajen disciplinas prioritarias en el país. Ahí fue donde se colocó a las ciencias de la administración, campo cuyas generaciones anteriores siempre recibieron becas.
“Tienen que dar marcha atrás y generar otro esquema de prioridades. En la convocatoria hay cinco categorías. ¿Quién define qué es prioritario o no? Ella (Álvarez-Buylla). Es totalmente discrecional y abierto a interpretación; tú ves el listado de áreas prioritarias y en las ciencias sociales viene administración y gestión empresarial, ciencias económicas… pero si el posgrado no tiene ese nombre o palabra clave, ya no es prioritario. Eso es absolutamente arbitrario”, dice Valderrama.
Golpe de realidad
Otro problema del cambio de PNPC a SNP fue que Conahcyt pretendió eliminar a las universidades como intermediarios, haciendo que el trámite de becas fuera entre el Consejo y estudiantes, lo que causó caos para los alumnos rechazados.
Cuando el viernes pasado el Consejo sostuvo una reunión con estudiantes afectados, les explicó que les fue negada la beca porque su área no es prioridad nacional, pues sus universidades no detallaron el impacto social que tiene su campo de estudio. Por lo que les aconsejó dialogar con sus coordinadores de posgrado para enmendar la situación. También dijo que se había avisado a sus universidades en 2022 que las ciencias de la administración dejarían de ser campo prioritario.
“La semana pasada nos enteramos por parte de los alumnos que recibieron un correo en el que Conahcyt informaba que al posgrado al que aplicaron estaba en categoría cinco, por lo tanto se les negaba la beca. Jamás se dio un comunicado”, dice Francisco Javier Pedroza, director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una de las afectadas.
Valderrama explica que Conahcyt quiso seguir la directiva presidencial de quitar intermediarios, pero que es “ridículo” trasladar esta idea a las convocatorias de becas de posgrado porque las universidades no eran intermediarios: “Confunden la gimnasia con la magnesia. No es lo mismo tener un programa de beneficiarios como los había en el campo, donde las asociaciones campesinas intervenían, recibían el recurso y lo distribuían entre campesinos. Esos sí son intermediarios, en este caso los posgrados no eran intermediarios, no recibían el recursos para dispersarlo. Los muchachos no dependían de los posgrados para recibir el dinero. En eso se equivocó rotundamente”.
Francisco Javier Pedroza también afirma que su universidad sí informó claramente el impacto social y científico de cada una de las tesis. “Hemos estado cumpliendo con lo que se nos pide por parte del Conahcyt. Ahorita los afectados todos son de las áreas administrativas, es muy complicado que todas las universidades nos hayamos equivocado en detallar el impacto que tiene el área de ciencias administrativas”.
El pasado viernes, el Conahcyt acordó con los estudiantes revisar aplicación por aplicación y determinar quiénes de los afectados de ciencias de la administración sí recibirían beca, pero aclaró que no garantizaba la beca a todos, porque no cuenta con fondos suficientes. A inicios de semana se anunció que tras conversaciones con Conahcyt, los estudiantes afectados de la UAM, la UNAM, la Universidad Autónoma de Guerrero sí recibirán la beca. A ellos se sumaron ayer alumnos del IPN, de las Universidades Autónomas de Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo y del Estado de México.
Pero al cierre de esta edición aún quedaban pendientes: la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (Michoacán), el campus de Aguascalientes del Tecnológico Nacional de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guanajuato.
Ante la incertidumbre, los estudiantes anunciaron que solicitaron otra mesa de diálogo con Conahcyt para lograr que se den las becas a estudiantes del interior de la República.
“No hay presupuesto suficiente. Ahora sí no sé de dónde van a sacar para seguir parchando el problema. Puede que al final Conahcyt consiga el dinero con Hacienda para parchar este déficit que traen”, dice Valderrama.
“Las finanzas de Conahcyt no andan bien, ya sólo tienen dinero para becas y SNI. Me parece que todo eso se junta en este tema y estamos viendo las consecuencias y creo que se verán más. Todo esto es cómo se van consolidando las políticas e ideología de Elena”, concluye la investigadora Alma Maldonado.
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