El de ayer fue uno de los peores días que se recuerden entre la comunidad científica mexicana. Un día que representó “el divorcio entre el gobierno y la ciencia”, que “impactará en la investigación científica”, que traerá “parálisis” y “retroceso”, y que representa el “desmantelamiento del aparato de la ciencia en México”.
Con esas palabras, científicos, académicos e investigadores describieron la extinción de 91 fideicomisos de ciencia y tecnología que en la madrugada fue aprobada por el Senado (se disolvieron 109 fideicomisos).
Las manifestaciones, peticiones, cartas de estudiantes y científicos nacionales e internacionales acerca de la importancia de estos fondos para la ciencia mexicana fueron ignoradas.
Pero el día, que empezó mal, no mejoró con los datos que en la conferencia de prensa en Palacio Nacional presentó la doctora María Elena Álvarez-Buylla --directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología—. La promesa presidencial de hace dos semanas había sido la de presentar las pruebas acerca de la corrupción de los fideicomisos. En palabras de Álvarez Buylla, se encontró un “uso discrecional, opaco”. Cuestionó la transferencia de 41 mil millones de pesos a empresas privadas a través de los fideicomisos entre 2013 y 2018. No presentó las cifras de los recursos de los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación, lo que entonces no permitió que se conociera cómo el trabajo de estos centros está alejado de la “inequidad, atomización” y uso para otras actividades, de los que que la funcionaria habló en su discurso.
Para Alma Maldonado, investigadora e integrante de la Red ProCiencia, no hay nada más anticientífico que tomar una decisión y después indagar y presentar las evidencias o los argumentos, y eso es lo que se hizo el día de ayer. “Además, engañar, calumniar y mentir flagrantemente porque en muchos de los datos que presentó Elena Álvarez-Buylla confunde dineros de fideicomisos con dineros del Programa de Estímulos a la Innovación. Y lo hace a propósito, se trata de confundir a la gente, se trata de presentar una gráfica que no suma cien, eso te habla de la calidad del sustento que deben tener”.
Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas –CIDE, uno de los 26 Centros Públicos de Investigación cuyos fidecomisos de Ciencia y Tecnología se extinguieron-- aseguró en entrevista que “como en los demás temas que presentó la doctora Álvarez-Buylla ella tiene todo el derecho a no estar de acuerdo o a no considerarlo políticas adecuadas, pero equipararlo a corrupción implica un largo trecho”. Para López Ayllón los desacuerdos con políticas de la administración pasada no son sinónimo de corrupción: “La conferencia fue muy desafortunada, trataron de mostrar un lado oscuro que no existe, y eso oscurece todo lo bueno que sí se ha hecho”. López Ayllón abundó acerca del caso del Consorcio que fue presentado y cuestionado en la conferencia por la directora del Conacyt: “El consorcio fue un proyecto conjunto de siete Centros Públicos de Investigación para crear un centro de estudios metropolitanos que iba a estar en Querétaro; el CIDE recibió el financiamiento por el primer año, para el siguiente año se le dio a un segundo centro. Me dejó sorprendido porque la decisión de cancelarlo fue de esta administración; el CIDE entregó los resultados, devolvió incluso un poco de dinero”.
José Antonio Aguilar, ensayista, investigador y maestro del CIDE coincidió en que la conferencia fue muy fallida: “Fue un aparato de propaganda donde se dio información descontextualizada y dolosa, donde se presentaron como actos de corrupción proyectos que tenía Conacyt con empresas privadas sin mostrar qué misión tenían. Nada de esa información estaba puesta en contexto para comprender si hubo algo indebido. Fue un ejercicio de propaganda, desinformación y calumnia que es en lo que el Presidente se ha especializado últimamente”.
“Sólo vimos que el discurso monolítico se replicaba y fortalecía a partir de imprecisiones sobre la corrupción y el uso de los recursos requisados que no aplicaban para la extinción de los fideicomisos”, lamentó Brenda Valderrama, doctora en Biomédica básica.
Los legisladores –por mandato del Presidente— votaron para acabar con 109 fideicomisos, de los cuales 91 eran de Conacyt; fueron instituidos para promover actividades científicas y tecnológicas; tres institucionales, 26 sectoriales --con otras áreas del gobierno--, 35 mixtos, uno con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y 26 de los Centros Públicos de Investigación.
Para la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, Brenda Valderrama, “al desaparecer los fondos, Conacyt regresa ser la oficina que era en 1985. ¿Para qué sirve? Ya no hay nada que hacer ahí porque ya no hay interlocución. No es un retroceso, es el desmantelamiento del aparato de la administración de la ciencia en México. El aparato científico va a morir de inanición. A diferencia de otros fideicomisos donde se extinguió el vehículo financiero, aquí se extinguió el sistema de fondos. Aun suponiendo que quieran inyectar dinero, ya no hay a qué inyectarle, porque ya no hay quien lo reciba y quien lo administre. No sólo hay una ruptura en la forma de financiar la ciencia, hay un vacío”.
Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, coincidió en que la comunidad científica aún no entiende bien cuál va a ser la relevancia del Conacyt; aseguró que las afectaciones son graves, que vendrá una parálisis y un retroceso en la ciencia.
“Si el Conacyt ya no va a tener fondos concursables, solo le queda el tema del SIN (Sistema Nacional de Investigadores) y las becas, pero entonces ya no sabemos para qué lo queremos. Si se trata de ahorrar deberíamos empezar por ahorrarnos el salario de Álvarez Buylla y de la gente que trabaja en el Conacyt”. Maldonado añadió que el siguiente paso será la defensa de Ley General de Ciencia y Tecnología.
Ayer, Alvarez-Buylla volvió a decir que en caso de los Centros Públicos de Investigación los recursos van a regresar a sus cuentas “por ese lado no debe haber preocupación”. A pesar de su frase, no ha dicho a los Centros cómo será esa devolución.
Para Sergio López Ayllón el proceso de extinción de un fideicomiso no es sencillo e implicara todavía un conjunto de acciones contractuales, financieras. El director del CIDE lamentó lo que esto representa para la ciencia: “Teníamos un camino para garantizar la calidad de la investigación, y esto impactará. Ahora entramos a un terreno desconocido, no sabemos cómo lo haremos en el futuro”.
El fideicomiso de ciencia y tecnología, en el caso del CIDE, representaba recursos por más o menos 300 millones de pesos, de los cuales –explicó el director--, alrededor de 220 millones son financiamiento de terceros para proyectos de investigación específicos, es decir, están comprometidos. Pero el dinero restante es el que no se sabe bajo qué modalidad va a reintegrarse a la institución y cómo van a poder administrar ese recurso.
Estos recursos se destinaban a apoyo a investigación, becas, movilidad de estudiantes de posgrado, mantenimiento de instalaciones, pago de traducciones, adquisición equipo de cómputo, financiamiento de actividades académicas en el país y en el extranjero sobre divulgación de conocimiento, becas a estudiantes en licenciatura que no tienen recursos para pagar colegiaturas o para sus estancias de intercambio. Ahora no se sabe si esto podrá continuar.
José Antonio Aguilar aseguró que todo quedó en una especie de limbo jurídico porque no es claro ahora cómo se pueden guardar recursos autogenerados y cómo se pueden utilizar, cuáles serán las reglas o si el gobierno se apropiará al final del año fiscal de los excedentes…
“Tendrá que ser producto de la negociación o de la imposición”, señaló y concluyó que esto es parte de “una larga embestida de este gobierno en contra de la ciencia, las artes, la cultura. Lo que ocurrió en el Senado y en la Cámara marca un hito. Es una derrota cultural, una victoria mezquina. El 2 de octubre de 1968 el gobierno confrontó a un movimiento estudiantil, y pensó que aplastaba la protesta; algo parecido, al cabo del tiempo, es lo de ahora. El impacto simbólico que va a tener será enorme; marcará como el 2 de octubre de 1968 un antes y un después. Simboliza el divorcio brutal de un gobierno con sus víctimas, con la sociedad, con su inteligencia”.