Los seis excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) rechazaron las afirmaciones de María Elena Álvarez-Buylla , titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ), quien dijo a los senadores en una reunión que el Foro había operado de forma irregular.
El pasado 9 de julio, Álvarez-Buylla estuvo en la Octava Reunión de Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, en la que señaló inconsistencias en la forma de operar del Foro Consultivo.
“Este Foro Consultivo Científico y Tecnológico dice explícitamente que no debe de mediar remuneración alguna, y al margen de la ley se generó una asociación civil. Es una entidad con fines privados, y ellos fueron los que torcieron, de alguna manera, la reglamentación, los lineamientos jurídicos del Conacyt para a posteriori de haber formado esta asociación civil, justificar su formación. Es decir, hay una ilegalidad de origen de esta asociación civil”.
Sin embargo, los seis excoordinadores del Foro Consultivo, Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrénit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga, enviaron una carta a los senadores en la que rechazaron las acusaciones.
En el documento, los investigadores explicaron que desde la emisión de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico quedó establecido en su artículo 36 como un “…órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt…”.
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El Foro fue constituido con el objetivo de “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”.
Enfatizaron que por 18 años, el Foro operó a través de una asociación civil porque así lo mandaba la ley y que desde 2002, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dispuso en su artículo 22 que “…para la materialización de sus actos, el Foro se constituirá en una asociación civil…”.
Sin embargo, el 11 de diciembre de 2019 Conacyt realizó una reforma con la que se modificó la normativa.
“La actual administración del Conacyt ha desconocido la autonomía legal de este ente jurídico no obstante la claridad con que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología. También, ha incumplido la obligación establecida en el artículo 38 de dicha ley: ‘El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del FCCyT, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo…’. En cada oportunidad el Conacyt ha omitido convocar al FCCyT al Consejo General de CTI, la Junta de Gobierno del Conacyt, el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros, de forma tal que infringe la normatividad y provoca así la posibilidad de impugnar los acuerdos tomados en dichos órganos colegiados”, sostuvieron.
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Incluso, los excoordinadores señalaron que sus argumentos han sido avalados por un Juez Federal en la sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, por lo que dijeron, la actual directora del Conacyt está en “violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión resultante de dicho juicio. El asunto se encuentra en revisión en segunda instancia”.
Agregaron que cada año, el Conacyt emitió una “Constancia de conclusión técnico y financiera” favorable del uso de los recursos otorgados al FCCyT.
“En relación con las acusaciones dirigidas a la Dra. Julia Tagüeña Parga, se debe mencionar que las asignaciones se han otorgado con base en un programa de trabajo presentado por el FCCyT, y han sido decididas al interior del CONACyT mediante un mecanismo colegiado, en cumplimiento de la ley”.
fjb