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Los ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. calificaron las acusaciones ante la Fiscalía General de la República como "sorprendentes e infundadas"; además, ofrecen una relatoría de los hechos y aseguran que las funciones y el uso de los recursos públicos fueron hechos en el marco de la ley.
José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña enviaron una carta dirigida a miembros de la comunidad, medios de comunicación y sociedad.
Los investigadores explican que el FCCyT A.C. no es un empresa privada como lo señaló la FGR en su comunicado, sino que fue creado por mandato de ley en 2002 con el objetivo de que hubiera un espacio que albergara las opiniones de la comunidad científica, académica, tecnológica y el sector productivo y que participará en los órganos representativos del sistema como un ente autónomo.
Asimismo, recuerdan que la Ley de Ciencia y Tecnología establece que el Conacyt otorgará los apoyos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento, mientras que en el Estatuto Orgánico del Consejo se estableció que el Foro se constituía como una asociación civil y así fue hasta el 11 de diciembre de 2019, cuando fue publicada en el DOF la modificación al Estatuto.
Además, aseguran que durante más de 18 años, el FCCyT funcionó como una asociación civil autónoma y con financiamiento de Conacyt, cuyos resultados del trabajo pueden ser consultados en la página: https://foroconsultivo.org.mx
Los excoordinadores apuntan que la actual administración del Conacyt buscó desconocerla autonomía legal de este ente jurídico "pese la claridad con que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología". Además, a partir de junio de 2019 el Consejo a cargo de María Elena Álvarez Buylla "incumplió la obligación establecida en el artículo 38 de dicha Ley y se negó a otorgar el financiamiento requerido para su funcionamiento".
Por ello, recordaron, la Mesa Directiva del FCCyT decidió promover un amparo. y que un Juez de Distrito en Materia Administrativa dictó sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, encontrando a la actual a Álvarez Buylla en violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión resultante de dicho juicio.
"Este fallo fue recurrido por las autoridades de Conacyt y el asunto fue atraído por la Suprema Corte por su importancia y trascendencia", explican.
Los investigadores también apuntaron que durante el litigio instaurado por el FCCyT, AC. el Conacyt modificó la situación jurídica del Foro a través de diversas reformas al estatuto en específico la del día 11 de diciembre de 2019, por lo que a partir de ese momento el Foro sería un órgano interno de consulta de Conacyt, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios; señalaron un nuevo Secretario Técnico y dieron inicio a una operación de la Mesa Directiva al interior de Conacyt.
"En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró en la sentencia dictada bajo el expediente número 76/2021 en fecha 24 de agosto de este año, sobreseer el juicio de amparo promovido por el FCCyT A.C".
Así, la sentencia resulta relevante pues establece la legalidad del funcionamiento del FCCyT conforme a las disposiciones vigentes en su momento.
Los investigadores aclaran que han tenido constancias favorables del uso de recursos, que todas las cuentas han sido presentadas ante el Conacyt en tiempo y forma y todos los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas.
En la carta, los ex coordinadores también destacan que la mesa directiva de FCCyT, A.C. está conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17 de ellos son titulares de diversas organizaciones y tres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y son electos por sus pares para ocupar esta posición.
Miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) fueron acusados, por la propia dirección del Conacyt, ante la FGR por cuatro delitos.
Sin embargo, se dio a conocer que un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR girar órdenes de aprehensión contra los imputados, lo que la comunidad científica celebró.
Aunque más tarde la Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión, argumentando falta de criterio por parte del juez.
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