La falta de información por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, genera más incertidumbre en la comunidad científica tras el decreto presidencial que ordena la extinción de los fideicomisos, mandatos públicos y análogos.

José Alonso Huerta, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), institución que forma parte de la mesa directiva del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, explica la problemática:

“El decreto ha generado cierta inquietud porque es muy escueto. Creo que en el sentido estricto jurídico no afecta a los fondos creados en el marco de la Ley de la Ciencia y la Tecnología, pero hay inquietud e incertidumbre en la comunidad científica. Tenemos claro el sustento jurídico pero mientras no haya un anuncio oficial del tratamiento al decreto, esto seguirá”.

Tras la publicación del decreto el 2 de abril se buscó a Conacyt para que explicara cuáles eran los fideicomisos del sector científico que quedarían extintos. La respuesta en ese momento fue que el Consejo se encontraba en un proceso de análisis “del decreto a profundidad” para saber en qué rubros repercutiría.

Ayer se buscó de nuevo al Conacyt y respondió: “El análisis de los fondos fiduciarios aún está en proceso y, como es previsible, no se pueden realizar con premura. Distintas áreas del Conacyt están trabajando en conjunto para la elaboración del análisis. No se puede hacer un análisis exhaustivo de todos los fondos en horas ni en pocos días”.

Sin embargo, se sabe que entre los afectados estarían instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y varios tipos de apoyos económicos, como los fondos mixtos, que dan conjuntamente gobiernos estatales y Conacyt.

Aunque, explica Huerta, el decreto señala que no todos los fideicomisos serían extintos, algunos de los exentos son los que fueron constituidos por mandato de “Ley o Decreto legislativo y cuya extinción requiera de reformas constitucionales o legales”.

“Por el propio sustento que tiene el decreto, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cual establece que los fondos tendrán un régimen especial establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, no son aplicables. Hace falta un poco más información por parte de Hacienda para saber cuál es la interpretación que da al decreto, pero desde el punto de vista jurídico está claro que los fondos de ciencia y tecnología no deberían aplicar para este decreto”, indica.

Agrega que los fondos mixtos han contribuido al desarrollo científico: “Nos cae de sorpresa este tema porque no ha sido precisado del todo. Formalmente no hemos sido notificados, de manera informal hemos estado en comunicación con Conacyt, ellos están integrando la información. Esperamos que no se cancelen porque hay proyectos en curso y otros por iniciar”.

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