“Nature”, una de las revistas de ciencia más importantes del mundo, publica este martes un recuento de los hechos relacionados con los científicos y extrabajadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
“Intento de acusar a científicos mexicanos de ‘crimen organizado’ genera indignación internacional”, es el título del texto firmado por Sara Reardon , que describe que se acusa a 31 científicos y funcionarios de crimen organizado , lavado de dinero , hechos que ellos niegan y que para muchos tienen motivaciones políticas.
“Nature” habló con algunos de los involucrados que, como se sabe, han negado las acusaciones. La revista describe que la situación ha generado gran atención en México, porque este tipo de cargos generalmente involucran a narcotraficantes , y porque la acusación podría implicar encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de fianza.
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“Desde que salieron a la luz las acusaciones, la comunidad académica internacional se ha unido a las 31 personas. Más de 50 universidades y sociedades profesionales, incluidas las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos (NASEM), han escrito cartas abiertas y artículos de opinión condenando la acusación”, escribe la articulista.
Añade que los jueces se han negado a otorgar una orden de detención porque se carece de pruebas para un caso penal, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) ha prometido que continuará con el caso.
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El artículo contextualiza estos hechos con los cambios que ha enfrentado la ciencia en esta gobierno: “Las acusaciones llegan en un momento en que la comunidad científica mexicana ya se siente atacada por la administración de López Obrador, cuya agenda se ha centrado en la austeridad y la eliminación de la corrupción. El presidente se ha referido a los 31 exfuncionarios, y a muchos otros científicos, como una élite corrupta”. Agrega que este gobierno ha recortado drásticamente los fondos para los viajes de los científicos a reuniones internacionales.
Más adelante asegura que muchos científicos creen que estos hechos son parte de una campaña de miedo para silenciar a los investigadores que se oponen a las políticas gubernamentales. Cita a científicos como David Romero, investigador de la UNAM , que no está entre los acusados: “La situación es bastante alarmante. Aplicar ese tipo de cargos [a académicos y funcionarios] no había ocurrido antes, y esto ha causado mucha confusión en México”.
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El artículo añade al final que ni el Conacyt ni la Fiscalía respondieron a las solicitudes de comentarios de “Nature” ni a las preguntas sobre las críticas dirigidas contra ellos.
melc
