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Miembros del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM se sumaron a la muestras de indignación realizadas por las acusaciones de autoridades mexicanas en contra de 31 científicos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) , y acusaron que a la par de esas acciones “se ha interrumpido la formación de nuevas generaciones de académicos e investigadores”; y ha habido disminución de fondos para becas de posgrado en el extranjero y el programa Cátedras Conacyt . Esas acciones, “además de manifestar una estrecha visión sobre el papel que debe tener la ciencia en el país, expresan incomprensión y desconocimiento”.
A través de una carta, 43 investigadores señalaron que comparten “la preocupación y la indignación que han suscitado varias acciones recientes en contra de la investigación científica y algunos de quienes la realizan”.
En el primer lugar de esas acciones dijeron que están a las acusaciones en contra de los 31 científicos “a quienes se quiere encausar penalmente”, tras la denuncia presentada por el Conacyt encabezado por María Elena Álvarez-Buylla , en junio de 2020, lo que derivó en dos intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) –cuyo titular, Alejandro Gertz Manero , se le nombró miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) – para que se les giraran órdenes de aprehensión.
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“Por lo pronto se les ha sometido a un proceso irregular y tortuoso. Antes siquiera de que se presenten pruebas, se les ha desacreditado e infamado. La Suprema Corte ha reconocido la legalidad del Foro Consultivo y, por otra parte, en dos ocasiones un juez federal ha señalado la improcedencia de las órdenes de aprehensión. Expresamos nuestra solidaridad con esos colegas y exigimos que se respeten plenamente sus garantías jurídicas”, indicaron.
Sin embargo, señalaron que esas acciones “ocurren al mismo tiempo que se ha interrumpido la formación de nuevas generaciones de académicos e investigadores con la disminución de los fondos para becas de posgrado al extranjero, el programa de Cátedras (Conacyt) y los proyectos de investigación básica y aplicada. Además, al personal académico de los centros públicos de investigación se les busca ubicar como trabajadores al servicio del Estado, con lo cual perderán derechos laborales”.
La misiva con fecha del 20 de octubre fue firmada por los investigadores Roger Bartra, Guillermo Boils, Raúl Trejo Delarbre, Silvia Inclán, Georgette José Valenzuela, Elena Lazos Chavero, Marta Mier y Terán, Judith Zubieta, José Luis Velasco, Roberto Rodríguez, Fernando Pliego y Alí Ruiz Coronel, por mencionar algunos.
“La construcción de las capacidades científicas y tecnológicas y de un sistema de innovación en México es todavía muy reciente. Desde su fundación, el Conacyt ha impulsado los esfuerzos públicos de respaldo a la ciencia y tecnología. Por eso resulta muy preocupante que, con decisiones como las que hemos mencionado, se pongan en peligro esos avances y que además, se atente contra la libertad de expresión e investigación con códigos de comportamiento dictados desde la administración pública”, dijeron.
Todas esas medidas, sostuvieron, “además de manifestar una estrecha visión sobre el papel que debe tener la ciencia en el país, expresan incomprensión y desconocimiento acerca de la relevancia del trabajo académico. Igualmente, graves han sido las expresiones recientes contra la autonomía de las universidades que es garantía de libertad para el desarrollo académico y científico”.
Detallaron que durante la pandemia, pese a las condiciones, millares de profesores e investigadores de instituciones públicas y privadas continuaron con sus labores sin interrupciones.
fjb
