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Lo que desde hace meses se temía entre integrantes de la comunidad científica del país va tomando forma: El Diario Oficial de la Federación publicó el pasado miércoles el “Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del estatuto orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, con el que se modifica la conformación y atribuciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la junta de Gobierno del Conacyt.
Respecto a la autonomía del órgano, el artículo 22, de acuerdo con lo publicado en el DOF, señala que “la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación propondrán las bases de su integración, funcionamiento y organización, las cuales serán expedidas conjuntamente por su mesa directiva y el Conacyt”.
Aunque agrega que “se invitará a formar parte de la Junta de Gobierno a un miembro de la Mesa Directiva del Foro y el Secretario Técnico de ésta participará en la Comisión Asesora del Conacyt”.
La implementación de estos cambios tendría lugar hasta la constitución de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual se espera sea emitida el próximo año.
Pero las reformas al Estatuto Orgánico del Consejo fueron publicadas el 11 de diciembre, aun cuando la Comisión para la Mejora Regulatoria publicó las propuestas el 2 de diciembre y se debe esperar hasta el 2 de enero a que concluya su periodo de discusión. Sin embargo, la Comisión indicó que como no hay impacto a la ciudadanía, no eran necesarios comentarios ni consulta pública sobre el tema.
La ruptura
Desde hace meses, el Foro Consultivo —que tiene entre sus funciones “analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país”, de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología— ha denunciado una campaña en su contra, y en contra de otros organismos autónomos, por parte del Conacyt.
En julio pasado, el Consejo señaló que el FCCyT “probablemente” vulneró la “confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos amparados en la Ley General de Protección de Datos Personales” al enviar dos correos electrónicos a los miembros del SNI sobre la consulta para la elaboración de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ante las acusaciones, la coordinadora del Foro, Julia Tagüeña, declaró en conferencia de prensa que “el Foro es un organismo autónomo que no depende del Conacyt, que no le tiene que solicitar permiso para actuar, pero que tiene funciones muy claras que la Ley (de Ciencia y Tecnología) especifica. Por supuesto que tenemos la mejor voluntad de apoyar al Conacyt pero, realmente, estamos para ayudar a que la voz de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación sea escuchada”.
Y aclaró que el ejercicio del Foro se apegó a la ley porque “los datos de las consultas que realiza son disociados; las respuestas que se dan a cuestionarios o preguntas abiertas no permitirán la identificación de quien las emitió”.
Pero las diferencias y el temor por la continuidad del FCCyT tienen otros antecedentes, pues ha señalado al Consejo de obstaculizar la entrega de recursos a este organismo, a pesar de que lo manda la ley.
También en julio, el Consejo informó: “Tras una consulta puntual realizada por el Conacyt a la Secretaría de la Función Pública y con base en la respuesta recibida por dicha dependencia mediante el Oficio FP/100/553/2019 del 26 de julio del año en curso, informamos que el Conacyt no se encuentra obligado a transferir recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) pues se trata de una asociación civil, esto es, una persona moral de derecho privado”.
Sin embargo, el artículo 38 de la Ley de Ciencia dicta que: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
Además, el propio Conacyt se contradice, pues en la actual administración, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, ya ha dado recursos a distintas asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada e incluso a particulares.
