El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señala que la iniciativa de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ( Ley HCTI), presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirma a la ciencia como derecho fundamental y “marca un hito al fortalecer al Conacyt como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y concretar la innovación del humanismo mexicano”.
A través de un comunicado, la dependencia defiende la iniciativa y asegura que contrario a lo que han señalado diversos medios de comunicación y columnistas, quienes “han difundido información confusa, engañosa y sin apego a la verdad sobre el proyecto de ley”.
Según el Conacyt, “al ser una propuesta de avanzada, que rompe con el paradigma que en los últimos tres sexenios permitió el uso de recursos públicos para financiar, en su mayoría, proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico, han surgido voces motivadas por intereses económicos y políticos que buscan conservar privilegios a través de modelos poco transparentes y pseudociencia”.
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En el comunicado agregan que estas voces “han desatado una campaña de desprestigio” en diversos medios de comunicación que difunden críticas, opiniones y afirmaciones “lejanas a la realidad y que, incluso, faltan a la verdad sobre la reorganización e implicaciones que se proponen en la nueva iniciativa de Ley HCTI”.
Aseguran también que desde 2019 se ha llevado un proceso de consulta con la comunidad del sector, incluyendo representantes de organismos e instituciones de educación públicas y privadas, pues por “el carácter dialógico de esta iniciativa” han propiciado una interlocución, amplia e incluyente, entre más de 60 mil personas e instituciones para la construcción de consensos y que sirvieron como principios para la elaboración de esta que es “la primera ley general”.
Afirman: “La consulta amplia y constante que se ha llevado a cabo para la construcción de la iniciativa, no excluyó a nadie” y que contrario a lo que algunos medios de comunicación afirman, “este ejercicio exhaustivo sumó la participación de las y los titulares e investigadores de los 26 centros públicos de investigación (CPI)”, así como personas de la academia y la investigación; representantes de distintos centros, academias, universidades, instituciones públicas de educación superior, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF); y organizaciones sociales y privadas, a fin de formular un proyecto plural y democrático.
Señalan que participaron autoridades de la UNAM, el IPN, la UAM, el ITAM, la Universidad Pedagógica y las universidades interculturales, entre otras; así como investigadores de instituciones privadas, como la Universidad Panamericana y la Ibero. Además, participaron “activamente” el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la Ley de CYT, así como miembros de la organización ProCiencia, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).
“La propuesta del Ejecutivo parte de una revisión profunda y crítica de la Ley de CYT vigente, la cual ha sufrido 11 reformas a lo largo de más de 20 años de vida y que ha sido rebasada por los nuevos estándares del Estado para garantizar el derecho humano a la ciencia. Por tal motivo, se revisaron 49 iniciativas de ley, incluida la reforma de la Ley de CYT del seis de noviembre de 2020, así como la iniciativa presentada el 17 de agosto de 2022 por el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks.”, afirman en el comunicado, donde hablan de las virtudes que para el Conacyt tiene esta iniciativa.
“Consolida y reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, mediante propuestas vinculadas a dichas áreas que fortalecen a las comunidades, al desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional”, señalan.
Aseguran que la Ley “reivindica el interés público sobre el particular”, que “no limita o acota la labor científica y tecnológica” ni tampoco “restringe la libertad de investigación”, que se impulsa de manera decidida la ciencia básica y de frontera y prohíbe la constitución de fidecomisos y figuras análogas pues “hasta 2020, generaban dependencia entre la operación del sector y el financiamiento de proyectos, mediante múltiples fondos que se manejaron con opacidad y de forma arbitraria; mismos que permitieron transferencias millonarias a grandes empresas nacionales y trasnacionales, asociaciones civiles y universidades privadas que no requerían apoyo por parte del Estado y no dieron los resultados esperados, simulando el fomento la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”.
Y que en su lugar, la iniciativa establece fuentes de financiamiento bajo los principios de “transparencia, austeridad republicana, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez”.
Luego apuntan que la Ley armoniza el marco jurídico nacional en congruencia con la transformación de la vida pública por la que atraviesa México y fortalece “la soberanía nacional mediante la independencia científica y tecnológica” y que contempla mecanismos de aportación y colaboración por parte de la iniciativa privada, “sin que ello implique un cheque en blanco ni falta de reglas para la rendición de cuentas”.
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