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luis.dominguez@clabsa.com.mx
Una reestructura de pies a cabeza al sector de ciencia, tecnología e innovación del país se ha gestado en los últimos días. La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presentó la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología que impulsa la transformación del Conacyt para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt), que centralizaría, bajo su mando, un absoluto control en la toma decisiones de las políticas científicas de México.
El documento de Lilia Rivera —quien no pertenece a la Comisión de Ciencia y Tecnología ni tiene experiencia en estas áreas— establece la desaparición de los siete órganos colegiados que inciden en la política científica del país: la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, el Foro Consultivo Científico Tecnológico, entre otros.
Sin estos órganos, el Conahcyt quedaría como el único interlocutor del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). “La iniciativa no sólo es centralista, es monárquica, pareciera que la burocracia de Conacyt quiere vestirse con atuendos de la Edad Media, lo cual es inaceptable, representa un retroceso muy grande para las necesidades que tiene la comunidad científica”, señala José Franco, exdirector del Instituto de Astronomía.
Sin consejos estatales. De acuerdo con los investigadores, la iniciativa de ley promueve una desarticulación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología debido a que borra del mapa a los Consejos Estatales de Ciencia. “Concentrar la toma de decisiones en un sólo órgano es totalmente innecesario para la realidad de nuestro de país, que requiere escuchar y atender a los distintos actores del conocimiento científico”, comenta Julia Taguëña, coordinadora general del Foro Consultivo.
“Al impedir que órganos plurales e interdisciplinarios participen en la definición de políticas se corre el riesgo de tener un sesgo en la toma de decisiones y que las filias y las fobias sean al final las que imperen en los dictámenes”, explica Alonso Huerta, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).
Sin embargo, lo que más preocupa a la comunidad científica es que esta ley atenta contra la libertad de investigación. El documento apunta a que la dirección general del Conahcyt tendrá las facultades para poder suspender cualquier investigación pública o privada sin el consenso de ningún otro órgano.
La reconocida astrónoma Julieta Fierro, reiteró que esta ley violenta la autonomía del quehacer científico: “La ciencia avanza con las nuevas ideas, no a base de restricción e incluso penalización. La ciencia no es buena ni mala, es como el idioma, depende de cómo se use”, escribió en su cuenta de Twitter.
En el artículo 20 de dicha iniciativa se establece que el titular de la dirección, que hoy es la doctora María Elena Álvarez-Buylla, definirá la Junta de Gobierno del Conahcyt, cuáles serán las prioridades para la asignación del gasto público federal en “humanidades, ciencias y tecnologías”, y que también podrá autorizar proyectos en los que las entidades de la Administración federal pretendan ejercer recursos.
“Es cierto que el sector público puede mandar una política y decir: ‘A mí me interesan ciertos temas, y premio o incentivo a quien trabaje en ellos’. Pero no debemos permitir que se coarte o limite la posibilidad de que un investigador desarrolle la actividad que le compete. Quien esté al frente del Consejo Nacional de Ciencia no puede definir de manera unilateral qué ciencia es adecuada o no”, argumenta Alonso Huerta.
Una Ley con muchos intereses. La iniciativa de Ana Lilia Rivera también busca reformar de manera sustancial la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
El documento propone que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) —que trabaja con las dependencias de Medio Ambiente, Salud y Agricultura— se incorpore a la estructura orgánica del Conahcyt y sean ellos los únicos que tengan la autoridad sobre esta área.
La directora de Conacyt, Álvarez Buylla, es reconocida por su labor en el área de la ecología evolutiva así como por su activismo público en contra de los cultivos transgénicos. En 2017, presentó junto al hoy encargado del despacho de la CIBIOGEM, Emmanuel González, una investigación en la que señalaba que 90% de las tortillas en México contenía maíz transgénico. Pero ese mismo año, el artículo fue refutado por biotecnólogos mexicanos que explicaron que desde 1996 se autorizó la comercialización de este maíz y que no se había reportado ningún daño por su consumo.
“Nos alarma mucho que se asocie de manera reiterada a la biotecnología moderna como un riesgo en materia de bioseguridad, pero sobre todo que con base en el principio precautorio se abran espacios de discrecionalidad para suspender y cancelar programas, proyectos y actividades de investigación con el argumento de que ‘pueden’ generar riesgos. La desaparición de CIBIOGEM representa un retroceso que afectará al país y permitirá espacios de discrecionalidad sobre la toma de decisiones de un tema tan delicado”, se lee en un comunicado del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Ana Lilia Rivera es licenciada en derecho, fue secretaria estatal de Morena Tlaxcala, y secretaria nacional de Asuntos Indígenas y Campesinos del mismo partido; en diversos espacios se ha promulgado como activista defensora del maíz nativo, pero en su trayectoria no tiene ningún conocimiento ni experiencia en ciencia y tecnología. “Pareciera qué quienes elaboraron la ley son personas amateur, que desconocen el sistema de ciencia y tecnología, y lo peor es que son personas que desconocen cómo funcionan las leyes en el país. Si miras los planteamientos de la ley, muestra una ambición demasiado inocente de cómo funcionan las cosas; todo pareciera indicar que lo que necesitan es una asesoría importante en esta materia”, indica José Franco.
Después de que diversos sectores de CTI rechazaran la Ley de Humanidades y Ciencias, el pasado martes, el Conacyt se comprometió a convocar a foros para explorar propuestas. El primer evento se realizará el 6 de marzo en la Cámara de Diputados con el fin de “recibir aportaciones de expertos, actores clave y comunidad en general del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para el análisis del marco jurídico”.
