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La nueva legislación en materia de ciencia representa la oportunidad de darle condiciones a las instituciones del Estado para que cualquier persona en el país pueda hacer uso de este conocimiento tan relevante, que es el conocimiento científico –uno de los conocimientos que usamos para la vida.
“Los científicos nos preocupamos por la autonomía de las universidades, de los centros de investigación; pero muchas de las actividades que vamos a hacer de aquí en adelante tienen que ver con las autonomías de las comunidades que están donde los problemas van a ser más demandantes para la ciencia; los problemas más obvios son cambio climático y epidemias”.
Así lo expresa, Martín Puchet, profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador en la Universidad Nacional del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, y quien ha escrito varios artículos que analizan la legislación en materia de ciencia en el país, a lo largo de la historia.
El académico habla en primer lugar de los cambios a esperar en la nueva ley que, en septiembre, en el nuevo periodo ordinario del Senado , será debatida, y de la cual existe un anteproyecto que Conacyt no ha hecho público:
“Será expresamente una ley que reglamente un artículo de la Constitución –es una ley reglamentaria de un artículo de la Constitución . No será una ley comprenda el nivel federal únicamente, sino a los tres niveles: federal, estados, municipios; tiene carácter de una ley nacional. Debe comprender no sólo a los poderes de la Unión, sino a los órganos autónomos, que son centrales para las actividades de ciencia, tecnología e innovación”.
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El académico de la UNAM recalca que esta no es sólo una ley de ciencia sino de tecnología e innovación, y que estos otros sectores deben estar presentes
en el debate de la legislación. Llama a que la ley defina políticas para otros conocimientos, que no son los codificados y científicos, como el conocimiento tradicional.
La concentración del poder en Conacyt ha sido un tema debatido al abordar la legislación; al respecto, Martín Puchet responde que se necesita una ley que reconozca que el poder tiene que ser mayor, pero a su vez tiene que ser un poder distribuido.
“Se tiene que otorgar mucho más poder a muchos más sectores del Estado: local, municipal… pensemos nada más en el cambio climático y la península de Yucatán: concentrar el poder exclusivamente en el poder federal sería totalmente ineficiente, en ese lugar están ocurriendo efectos directos del cambio climático y tienes gobiernos locales, estatales, de comunidades que gozan de la autonomía, que van a ser afectadas por el cambio climático y que requieren de la ciencia para salvar sus recursos y su vida. Si tienes en la perspectiva que va a haber epidemias, por las transformaciones que ha habido en la relación entre sociedad y naturaleza, tienes que pensar, desde ahora en ellos… no se nos olvide que llevamos 14 epidemias en lo que va de este siglo. Esta nueva ley tiene que tomar en consideración quién va a trabajar o tomar decisiones sobre grandes problemas”.
Martín Puchet ha comparado las legislaciones sobre ciencia en el país, e hizo un análisis de la iniciativa que la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera presentó en 2010: “Creo que así como la ley vigente no puede atender estos problemas de los que estamos hablando, una ley surgida de una confrontación directa con la ley vigente tampoco puede atender esos problemas. Los conceptos que demanda esta realidad no están abordados de manera suficiente en la ley vigente e, igual, en la iniciativa de la senadora. Esos términos son coordinación, participación, interacción, concertación, distribución de competencias, distribución de capacidad de acción”.
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El académico insiste en que una ley como ésta tiene que considerar a los sectores público, social y privado, en relación con la ciencia, pero también con la tecnología y la innovación.
La ley, asegura Puchet en entrevista, colinda con muy diversos temas, por ejemplo, la propiedad intelectual, el derecho de autor, la propiedad industrial
y las patentes, las denominaciones de origen, el conocimiento tradicional, los transgénicos.
“Necesitamos una legislación más consistente con la realidad constitucional, porque somos signatarios de muchos convenios que tienen que ver con la diversidad biológica, pero no se han instrumentado en términos de leyes. No los va a resolver la ley de ciencia y tecnología, pero la ley sí colinda con esos temas…”
Una vez que la iniciativa llegue al legislativo, dice Puchet, uno esperaría que éste abra un proceso de parlamento abierto porque sí tiene obligación de dar cuenta de lo que va a legislar.
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“Si realmente quisieras hacer una ley donde opinaran las partes interesadas, tendrías que hacer una discusión a la que concurrieran personas de muy diversas instituciones. Eso es costoso. Y la tendencia de los legisladores es convocar a aquellos que tienen fuerza electoral, no viven de la fuerza de los señores que hacen ciencia, desarrollo tecnológico, artesanías… Los ciudadanos que hacen investigación científica y tecnológica e innovación tienen derecho a opinar porque van a ser afectados por lo que diga la ley.
“Me daría por bien servido si, al menos, escucharan a los que entienden de la estructura jurídica, de que no están legislando en una materia en que se legisla como si todo se fuera a decidir en las 25 o 30 manzanas que hay entre Palacio Nacional y el Senado, y las otras 25 que hay de Palacio Nacional a San Lázaro. Ese sería el gran cambio, entender que esto tiene una dimensión nacional. Que escucharan las voces de expertos que digan que esta estructura jurídica tiene que contener esto o no… que hay materias de las que no tiene que hablar, sino que son temas que se derivan de la ley como es el caso de los transgénicos”.
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