Investigadores de diferentes instituciones califican la extinción de los fideicomisos públicos y mandatos públicos como un retroceso, además acusan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuya titular es María Elena Álvarez-Buylla, de no proporcionarles información sobre las repercusiones en el sector científico tras la publicación del decreto presidencial.
El Conacyt contaba hasta finales de 2019, de acuerdo información de la Secretaría de Hacienda, con 99 fideicomisos. De aplicarse el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se verían afectados instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, El Colegio de la Frontera Norte, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Centro de Investigación en Química Aplicada, El Colegio de la Frontera Sur, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, entre otros.
Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explica que la importancia de los fideicomisos radica en su capacidad como instrumentos financieros que permiten proyectos de largo aliento.
Por otro lado, señala, están los diferentes tipos de fondos, como los institucionales que permiten la construcción de centros de investigación, pero también están los fondos mixtos, es decir, aquellos en los que participan el gobierno federal y los gobiernos estatales. También están los fondos regionales —en los que invierte más un estado de determinada región— y los fondos regionales, que se hacen en coinversión entre Conacyt y gobierno federal.
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“Al sumar estos fondos, Conacyt tiene 65 fondos y 65 fideicomisos, es decir, un fideicomiso para cada fondo. En términos operativos había muchos procesos burocráticos y lo más grave es que cada fondo se manejaba con una administración. El problema en desaparecer los fondos es que todo se concentraría en sólo un fondo institucional que es manejado por una sola persona, que es la directora de Consejo, lo que representa un retroceso de 20 años”, declara Valderrama.
Gabriela Dutrénit, catedrática de la UAM y coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2012-2014), coincide en que la figura del fideicomiso permite que los investigadores puedan manejar proyectos multianuales; sin embargo, señala que aún no está claro qué fideicomisos del sector científico quedarán eliminados.
“De concretarse, quedarían reducidos los financiamientos para la ciencia en un momento en que la ciencia requeriría más financiamiento para contribuir a la investigación sobre Covid-19. Una vez más en la que no se pone atención en cómo opera la ciencia en México”.
Rafael Loyola, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, indica que el decreto “tiene todos los visos de ser demasiado arbitrario sobre todo porque el gobierno federal apuesta a proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya”.
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De aplicarse, agrega Loyola, el impacto será muy negativo: “En esta administración el tratamiento hacia el sector científico ha dejado mucho qué desear y con la aplicación de este decreto, en caso de que la responsable de ciencia no haga la defensa que debiera hacer, marcará un golpe muy fuerte. Esta administración no acaba de entender para qué sirve la ciencia y lo que ha avanzado el sector científico en México en los últimos 30 años. De aplicarse (el decreto) vamos a quedar atrasados, vamos a ser parecidos a Venezuela”.
José Franco, del Instituto de Astronomía, profundiza en los mega proyectos emprendidos por la actual administración: “Extinguir los fideicomisos a lo que expone es que México mal invierta su dinero en proyectos como el Tren Maya. Quiero ver a ese tipo de proyectos negociando año con año, convenciendo a la Secretaría de Hacienda que debe recibir dinero. Si hacen pasar a estos proyectos por ese proceso, se darán cuenta de su error. La responsabilidad de la cabeza de Conacyt sería defender el desarrollo de sus centros y la ciencia, pero no se percibe que esto suceda”.
Todos los investigadores coinciden en la opacidad con que Conacyt ha manejado las implicaciones del decreto.
“La comunicación con Conacyt es enrarecida y es un fenómeno generalizado, lo único que se conoce del sector gubernamental con la comunidad científica son pleitos. Se escuchan más propuestas de universidades para enfrentar el problema del Covid-19 que de Conacyt. Conacyt no da respuesta, o quizá lo hace de manera tan callada que uno no se da cuenta”, dice Rafael Loyola.
Además de Covid-19, agrega Loyola, hay otros problemas, como el calentamiento global y la contaminación: “Lo que uno encuentra en el discurso oficial son menosprecios y desdén hacia la comunidad científica, así como una falta de sensibilidad sobre los problemas actuales y los que vendrán”.
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José Franco enfatiza en que Conacyt comete un error: “Puede que la información que le llegue al Presidente sea parcial. No ha habido información, quizá la haya privada a grupos particulares, pero no ha habido información pública ni una discusión sobre la pertinencia de la extinción de estos fideicomisos, que afectan directamente el funcionamientos de los centros”.
Sin embargo, ante la falta de información, Octavio Paredes, del Cinvestav, señala que hay una culpa compartida: “No es algo nuevo la falta de apoyo a la ciencia. No hemos sido capaces de organizarnos y manifestarnos responsablemente”.