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El Conacyt asfixia a órganos autónomos que inciden en la política científica del país, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) porque, asegura, no es su responsabilidad entregarle recursos al ser una asociación civil. Sin embargo, el Consejo, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, ha otorgado estímulos a otras asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada.
Ayer, la coordinadora general del Foro, Julia Tagüeña, aclaró acusaciones que el Conacyt le infundó, como el “probable” uso indebido de la base de datos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); y duplicar atribuciones que le corresponden al Consejo.
“El Foro es un organismo autónomo que no depende del Conacyt, que no le tiene que solicitar permiso para actuar, pero que tiene funciones muy claras que la Ley (de Ciencia y Tecnología) especifica. Por supuesto que tenemos la mejor voluntad de apoyar al Conacyt pero, realmente, estamos para ayudar a que la voz de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación sea escuchada”, dijo Tagüeña.
La ruptura entre los organismo sucedió el lunes luego de que Conacyt denunciara al FCCyT de “probablemente” vulnerar la “confidencialidad y la integridad de datos amparados en la Ley General de Protección de Datos Personales” al enviar dos mail a los miembros del SNI sobre la consulta para la elaboración de una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Esa ley, en su artículo 36, define la atribución que tiene el Foro con la comunidad científica: “Tendrá por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”.
“Nosotros tenemos nuestro propio banco de datos. El Foro lleva 17 años construyendo un banco que es mucho más grande al del SNI. Estos bancos son tratados con toda transparencia”, dijo Tagüeña
Respecto a los correos que se enviaron, el Foro afirmó que el ejercicio se apega a lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares debido a que “los datos de las consultas son disociados; las respuestas que se dan a cuestionarios o preguntas abiertas no permitirán la identificación de quien las emitió”, expuso el FCCyT.
Detienen recursos. A diferencia de lo que Conacyt ha calificado como “promoción” del Foro, las consultas que realizaron son parte de las funciones que la Ley de Ciencia, en su artículo 37, establece a este organismo : “Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país”.
Ayer, en conferencia de prensa del Foro, Conacyt lanzó otro comunicado que deja en duda la continuidad del FCCyT porque le obstaculiza la entrega de recursos, a pesar de que lo manda la ley.
“Tras una consulta puntual realizada por el Conacyt a la Secretaría de la Función Pública (...) informamos que el Conacyt no se encuentra obligado a transferir recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico pues se trata de una asociación civil, esto es, una persona moral de derecho privado”, informó Conacyt.
Pero el artículo 38 de la Ley de Ciencia dicta que: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
El Conacyt se contradice pues la administración de Álvarez-Buylla ha dado recursos a asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada. Este semestre otorgó 599 mil pesos a la asociación “Programa adopte un talento”; 912 mil pesos a “Educación Superior Marista A.C” y 455 mil pesos a la IAP “Impulsora de la Cultura y de las Artes”, bajo la convocatoria para fomentar vocaciones científicas 2019.