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El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) priva a sus trabajadores de difundir mensajes que "puedan causar daño a la dignidad o integridad de alguna persona pública servidora de este Centro de Investigación".
La orden fue expedida por el Órgano interno de control del CIDE y fue comunicada a través de un oficio fechado el 13 de junio y firmado por su titular, Julieta Proa Santoyo.
“A todos los servidores públicos que prestan un servicio, cargo o comisión en este Centro Público, que deberán abstenerse de difundir mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este Centro de Investigación”, se lee en el oficio.
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En el documento se detalla que la instrucción surge del Código de Ética de la Administración Pública e indica a José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE hacer del conocimiento “la obligatoriedad que tienen en apegar su conducta al estricto cumplimiento” de “preservar la imagen institucional” incluso fuera del horario y espacio laboral, así como procurar la imagen de las dependencias en redes sociales.
En lo que va del sexenio, el CIDE ha estado envuelto en diversas polémicas por su gestión, la cual ha sido criticada y cuestionada por varios de los investigadores que ahí trabajan, sus alumnos, así como colegas de la comunidad científica.
La circulación del oficio ya ha causado reacciones en redes sociales.
Intimidación de Conacyt
La prohibición de que trabajadores del CIDE compartan sus opiniones sobre el centro y sus servidores públicos se suma a los actos de represalia que ha cometido el Conahcyt en distintos momentos.
A inicios de mayo se retiraron estímulos a un número desconocido de miembros del Sistema Nacional de Investigadores porque “establecieron un proceso jurídico”.
“Definitivamente eso no es legal”, dijo Ana Correa, experta en Derechos Humanos y legislación sobre ciencias. “Vulnera el derecho a hacer justiciable sus derechos, que está en el Artículo 17 de la Constitución. Cuando se condiciona o retira algún tipo de apoyo público a aquellos que hayan presentado una acción legal, en ejercicio de este derecho, no sólo se vulnera la legalidad sino también la constitucionalidad”, agrega la también profesora de la Escuela Libre de Derecho.
Actualmente, investigadores de todo el país interponen amparos contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (HCTI), pues señalan que viola sus derechos.
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Pese a que este proceso se lleva a cabo en un ambiente de compañerismo (los investigadores se dan mensajes de aliento y comparten inquietudes en chats de WhatsApp), no todos se han decidido a emprender una acción legal, aunque compartan el sentir de sus colegas, por temor a represalias.
“El director adjunto del Conahcyt es del INAOE, entonces muchos de los que estamos en el INAOE preferimos no meternos en problemas precisamente porque vemos que en otros lados, como el CIDE, sí hay represalias contra investigadores que alzan la voz”, declaró a EL UNIVERSAL un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), que pidió resguardar su identidad.
El caso más famoso de intimidación ha sido el de la persecución de 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt que eran parte del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, acusados de crímenes como delincuencia organizada, del que apenas a finales de mayo, se les retiraron las acusaciones a cinco de los afectados, pues no había elementos que sostuvieran las acusaciones, cerrando así el caso de cinco científicos.
“Sí creo que existe un ambiente de intimidación y de miedo en el sector, particularmente en los Centros Públicos de Investigación”, dice la investigadora Gabriela Dutrpenita, una de las investigadoras cuyo caso ya fue cerrado.
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