Las estaciones de la están distribuidas en toda la República Mexicana para el monitoreo continuo de los fenómenos sísmicos. Estas pequeñas construcciones albergan herramientas fundamentales para el registro de localización y magnitud de un sismo. Los datos científicos que se generan sobre la actividad al interior de la Tierra permiten proporcionar a las instancias correspondientes los parámetros necesarios para la emisión de alertas y protocolos necesarios de protección civil en un país que registra alrededor de 30 mil sismos anuales de diversas magnitudes. Se trata de ciencia indispensable.

El 19 de septiembre se convirtió, por partida doble, en una fecha insignia de la potencia que puede llegar a tener un fenómeno. La destrucción del terremoto de 1985 activó nuevas formas de vigilar los sismos, mientras que el de 2017 recordó que la ciencia debe de ir de la mano del apoyo de políticas públicas que avalen sus esfuerzos en diferentes niveles. El doctor Arturo Iglesias Mendoza , jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN) afirma que se ha logrado tener instrumentación sismológica que sin duda es mucho más densa que en años anteriores, pero los datos sísmicos son la llave para establecer con más precisión al fenómeno y sus efectos, por lo que siempre es deseable tener más información.

“Somos un país grande con una actividad sísmica notable y no tenemos tantas estaciones como hay en otros países también con gran actividad sísmica. Cualquier cálculo posible del número de estaciones que hay, por ejemplo, en Japón con respecto de su territorio o su población, es muchísimo más grande que lo que hay en México. En ese sentido, faltan esfuerzos que ayudarían a fortalecer su estudio”, dice Iglesias y apunta que en la actualidad la Red de Banda Ancha del SSN tiene alrededor de 70 estaciones que son la columna vertebral del monitoreo sísmico en el país.

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“Conseguir los recursos e instalar las estaciones es una tarea compleja porque todo se está volviendo cada vez más difícil en términos de logística y seguridad”, afirma Mendoza; además de las 70 estaciones mencionadas, también reciben datos de universidades e instituciones de protección civil. “Se logra que se reciba la información de 100 estaciones en tiempo real; sin embargo, faltaría sumar más a la columna vertebral de observatorios… si sumáramos 30 estaciones más estaríamos indudablemente mejor preparados”.

Conseguir los recursos e instalar estaciones es una tarea compleja, todo se está volviendo cada vez más difícil también en términos de logística y seguridad”
Arturo Iglesias Mendoza
Jefe del Sismológico Nacional

¿Proyectos en extinción?

Para fortalecer la ampliación de la red, Mendoza explica que existe un proyecto financiado por el extinto Fondo para la Prevención de Desastres Naturales ( FOPREDEN ) y que ahora denominan Proyectos Preven tivos; y se espera que permita instalar el próximo año entre 18 y 20 nuevas estaciones. “El proyecto ya está aprobado, pero no han fluido los recursos por cuestiones técnicas porque como hubo la extinción de fideicomisos cambiaron reglas y la parte financiera no se ha podido resolver. No es fácil el mecanismo de trasferencia”.

Son 327 millones de pesos aprobados para el desarrollos de las estaciones que no se han transferido a la UNAM —institución que desde 1929 opera el SSN—. “Estamos en los trámites ante Hacienda y en 2023 continuaremos con la ejecución del proyecto”, dice que desde la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha habido apoyo para destrabar el asunto. Aunque se muestra optimista, la realidad es que con la extinción de fideicomisos las reglas aún son confusas. Antes había un comité técnico y reglas de operación para el reparto del dinero. El Fondo recibía aportaciones de remanentes generados de cada ejercicio fiscal, asignación presupuestal y donaciones.

Ahora la Unidad de Política y Control Presupuestario de esta secretaría es la encargada de establecer los mecanismos presupuestarios para ejercer los recursos, mientras la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe emitir las disposiciones adicionales correspondientes a sus atribuciones.

327
millones de pesos
aprobados para instalar de 18 a 20 estaciones más

Más información, menos riesgos

“Es muy importante tener más estaciones en lugares donde no hay una densidad de instrumentación importante, como el norte del país e inclusive en el centro y bajío”. Las estaciones permiten la caracterización de sismos pequeños que indican las posiciones de fallas. “Sismómetros y acelerómetros permiten estudiar los detalles al interior de la corteza terrestre y eso desde el punto de vista científico y de mitigación (a través de códigos de construcción), crea muchos beneficios”.

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El especialista dice que también falta aumentar la instrumentación en el sur y Pacífico del país donde ocurren la mayoría de sismos que pueden tener magnitudes muy relevantes con grandes daños. “Aunque hay más estaciones ahí, también vendría bien intensificar más estas redes. Eso puede ayudar a tener una mejor caracterización del fenómeno en el futuro”.

El proyecto busca que las nuevas estaciones se distribuyan en Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Nuevo León. Planean poner una primera estación en Balancan, Tabasco; además otras en Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. El proyecto se planteó con un propósito específico que es tener un catálogo completo de sismos mayores a 3.5 a nivel nacional.

“El gran reto es buscar los sitios adecuados para la instalación en términos de seguridad y de que toda la matriz de datos funcione en ese sitio”. Todas las estaciones tienen el mismo tipo de instrumentos con algunas variaciones (como marcas), pero concentran tres herramientas fundamentales: acelerógrafo, sensor de velocidad, que es el tradicional sismógrafo, y GPS de alta precisión.

La información es de gran ayuda para crear mapas de riesgo que ayudan a poner las reglas claras para la construcción en zonas de mayor vulnerabilidad. “La ciencia debe estar apoyada de políticas públicas, de compromisos reales por parte de los tomadores de decisiones. Si una construcción está hecha de manera adecuada, no tendría por qué sufrir daños mayores. De eso precisamente se tratan los códigos de construcción. El asunto es construir mejor, lograr construcciones sismo resistentes más sustentables. Hay avances muy importantes en las reglas de cómo se construye a cómo se construía hace varias décadas, pero la gran pregunta que no es muy fácil de responder es si esas reglas o reglamentos se respetan”.

Se trabaja en descifrar los misterios de lugares claves en la sismicidad del país, como la llamada brecha sísmica de Guerrero, una franja de 230 kilómetros de longitud, ubicada entre Papanoa y Acapulco. El último sismo de gran magnitud en esta zona fue en 1911. Se piensa que hay un reto latente, acumulado con los años, de una rotura de las placas que daría lugar a un evento de magnitud mayor a ocho. Este segmento de unos 200 kilómetros se ubica en el límite de las placas de Cocos y América del Norte. Un reciente estudio con sensores submarinos, realizado por especialistas del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica y el apoyo del gobierno de Japón, arroja más información sobre la zona.

“Ya se recuperaron los datos y ahora están siendo procesados para tratar de ser entendidos y tener una visión muchísimo más clara de lo que puede estar pasando en esa zona y la actividad relacionada a la sismicidad que antes no se tenía caracterizada”. Los sismos no se pueden predecir, pero mayor información para mapas de riesgos, sistemas de alerta y una cultura de prevención ayudan a minimizar sus efectos.

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