Un grupo conformado por 240 integrantes del personal de los Centros Públicos de Investigación (CPI) coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt) le dirigió un comunicado a los diputados Javier Joaquín López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación; así como a los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Educación, solicitándoles la realización de un parlamento abierto en el que sea debatida la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LHCTI).
En el comunicado se detalla que el parlamento debe ser "libre y plural, en el que todas las voces tengan un espacio para expresarse", y que sea organizado exclusivamente por el poder legislativo justo para garantizar dicha pluralidad.
La petición, se lee en el documento, parte de que al revisar la iniciativa no fueron tomadas en cuenta las aportaciones de los CPI , a pesar de que el Conacyt consultó antes a la comunidad académica. La iniciativa de ley fue presentada, por cierto, por el Ejecutivo el 13 de diciembre ante el Congreso.
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El comunicado contrasta con un hecho que EL UNIVERSAL menciona en la comuna "Crimen y Castigo" del 15 de marzo: Víctor Alejandro Espinoza Valle, coordinador del Consejo Consultivo de Centros Públicos de Investigación sectorizados al Conacyt, intentó persuadir a los directores de los CPI para firmar una carta dirigida al Congreso en la que se menciona que nadie fue excluido o censurado en la iniciativa de LHCTI.
Sin embargo, los firmantes del comunicado con fecha del 15 de marzo, señalan que hay aspectos en la iniciativa que, de aplicarse, significarían un retroceso en la autonomía de la investigación en México y afectarían la inversión en el sector científico. Esto implica también que los CPI correrían el riesgo de desaparecer, puesto que la autonomía administrativa, operativa y presupuestal desaparecería debido a que sólo se reconoce "la técnica y la de gestión (artículo 80)".
"La iniciativa subordina la generación del conocimiento a una Agenda Nacional, dictada por el gobierno, sin participación de la comunidad académica (artículo 11). Supone también la subordinación de las agendas de investigación a las prioridades establecidas por el CONACYT, cuya Junta de Gobierno estará conformada por representantes de 13 Secretarías de Estado, sin participación de representantes de instituciones, asociaciones u organismos académicos", se lee en el comunicado.
Además, en la iniciativa se señala que “la Administración Pública Federal deberá tener una representación significativamente mayoritaria”, por lo que, según su Artículo 94, el personal de los CPI puede opinar en Asamblea sin tener la garantía de que sus posturas sean aplicadas o tomadas en cuenta.
"Las y los integrantes del personal académico serán considerados como servidores públicos homologados a funcionarios públicos y con carácter de personal de confianza, lo que supone la pérdida de la libertad en la realización de las labores de cátedra e investigación que el Estado mismo debe garantizar (artículo 85). Además, al estipular valores como la lealtad y la confidencialidad en la relación laboral, la iniciativa parece contradecir el principio mismo de ciencia abierta y el acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico garantizado por la reforma el Artículo 3o Constitucional", continúa el comunicado.
Por último, pero no por ello menos importante, puesto que se refiere al presupuesto, a los firmantes les inquieta que ya no esté establecido que el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) sea destinado a las humanidades, la ciencia y la tecnología como una meta. La falta de compromisos delineados respecto a los financiamientos, los cuales deberían estar expuestos en el Artículo 20, sólo hace más delicado lo expuesto antes.
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