Ante las críticas por la denuncia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) y la Fiscalía General de la República ( FGR ) en contra de 31 extrabajadores del Consejo y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico ( FCCyT ), el Conacyt, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, dijo que todo se trata de una “ola concertada de desinformación en medios y redes sociales” y afirmó que trabaja en beneficio de la comunidad científica.
Esta semana se dio a conocer que el Conacyt presentó una denuncia en contra de 31 personas, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza , Julia Tagüeña Parga, José de Jesús Franco López, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Gabriela Dutrénit Bielous, por mencionar algunos, a quienes se les imputaron cuatro delitos: Peculado , Uso ilícito de atribuciones y facultades , Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada, según consta en un documento de la FGR del que EL UNIVERSAL tiene copia.
Esas acciones emprendidas por el Conacyt han sido criticadas por la comunidad científica e instituciones. De hecho, las acusaciones en contra de los 31 científicos fueron calificadas por el rector de la UNAM, Enrique Graue , como un “despropósito” y algo “inconcebible”.
Al respecto, la noche de este miércoles, el Conacyt envió un comunicado en el que expresó “su total rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales, en alusión a unas “órdenes de aprehensión en contra de científicos”. Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”.
Justo es en redes sociales donde integrantes de la comunidad científica han expresado cómo el Conacyt ha cambiado el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores ( SNI ) sin consultar a sus más de 30 mil miembros; o la situación crítica por la que atraviesan los beneficiarios del programa Cátedras Conacyt debido a los cambios de su reglamento.
Pese a ello, el Conacyt afirmó: “Trabajamos para fortalecer y beneficiar a la comunidad científica de México, así como para reforzar la soberanía del país. Lo hacemos bajo los principios del humanismo , la ética , la honestidad , la defensa de los derechos humanos, el diálogo, la inclusión social y el respeto a la libertad de pensamiento y de investigación.
“El Conacyt de la Cuarta Transformación beneficia cada año a más de 130 mil jóvenes becarios e investigadores. En esta administración se ha ejercido un apoyo histórico para impulsar el desarrollo de la investigación en ciencia de frontera, con más de 2,000 millones de pesos ya asignados, para que la ciencia prospere, para que dé frutos en beneficio de las y los mexicanos y de la humanidad”, indicó.
Pero el conflicto entre el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no es reciente, se remonta a 2019, cuando desde la dirección del Conacyt se decidió dejar sin recursos el Foro, bajo el argumento de que se trataba de una asociación civil. Esto a pesar de que la Ley de Ciencia vigente en ese año, en su artículo 38 dictaba que: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
Para 2020, el Conacyt cambió su reglamento interno y eso implicó la desaparición de la figura del Foro como un organismo de asesoría autónoma . Aunado a ello, el Conacyt creó su foro consultivo.
Aún así, en su comunicado, el Conacyt sostuvo que en 2019, el Conacyt indicó que “mantuvo un proceso de diálogo con la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C., que exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos. Bajo los principios de la austeridad republicana y acorde con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal, el Conacyt ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas, el cual fue rechazado por el FCCyT A. C. y, en cambio, interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso”.
Agregó que “durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control. Es preciso señalar que, ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del Conacyt el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales. Son éstas, y no el Conacyt, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt”.
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¿Qué es el Conacyt?
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es la institución que establece políticas públicas en ciencia, tecnología, innovación y también en el área de humanidades. El trabajo del Consejo es definir estrategias, coordinar e impulsar las capacidades nacionales en investigación científica y tecnológica.
El Conacyt cuenta con 26 Centros Públicos de Investigación y otorga cada año más de 85 mil becas de posgrado para maestrías, doctorados, posdoctorados y especialidades, tanto a nivel nacional como internacional, según se lee en su sitio web.
Otra de las tareas del Conacyt es estimular el trabajo científico de más de 30 mil investigadores que forma parte del SNI (Sistema Nacional de Investigadores) y cuenta con 2 mil miembros en su programa de Cátedras , que colaboran en diversas instituciones del país.
El Conacyt fue creado el 29 de diciembre de 1970 por el Congreso de la Unión como un organismo descentralizado del Estado, con autonomía “técnica, operativa y administrativa”, con el objetivo de asesorar al poder Ejecutivo federal en temas de política científica.
ardm
