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En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ) expresó que, la situación que enfrentan actualmente los 31 científicos e integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ), visibiliza la necesidad de promover el Estado de Derecho , en nuestro país, de manera urgente, tras ser acusados por la Fiscalía General de la República ( FGR ) por el delito de delincuencia organizada.
El sindicato patronal destacó que, en primera instancia, el valor de las aportaciones de la ciencia en materia social y económica por parte del gremio científico, potencializado -desde luego- a partir del surgimiento de la pandemia; "lejos de desvirtuar su gran aporte, la ciencia, la investigación y la innovación deben fortalecerse en el país", refiere el documento, publicado hoy, domingo 3 de octubre.
"Vemos -prosigue- como una señal muy alarmante que en el Paquete Económico 2022 se esté considerando asignar el presupuesto más bajo a estos rubros en toda una década, en mucho motivado por la desaparición de 65 fideicomisos que permitían que recursos públicos llegasen a todas las entidades federativas", ejemplifica.
Por otra parte, la Coparmex consideró como indispensable que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe autónomamente, al no permitir que la persuasión u influencia externa tenga ninguna clase de injerencia en las decisiones de esta institución, pues es su obligación, conforme a lo que establece la ley, a través de la legal defensa de los investigadores. Aunado a esto, solicitó además acatar las determinaciones que el Poder Judicial, y que ya ha emitido acerca del caso de competencia.
"En Coparmex hemos sido testigos directos de la relevante labor de la comunidad científica en nuestro país, participamos activamente en el Foro de Consulta Científico-Tecnológico (FCCyT) , un organismo sin fines de lucro que agrupaba a voces diversas cuyo objetivo era brindar asesoría en materia de ciencia tanto al Presidente como al CONACYT"
A la postre, la confederación consideró que las acusaciones de FGR fueron excesivas, al tipificar el actuar de los 31 científicos como delincuencia organizada.
"Hacemos un enérgico llamado a que se promueva el Estado de Derecho, comenzando por respetar el debido proceso para que toda acusación esté debidamente motivada y fundamentada; además de que se respeten los derechos de los acusados y se les permita tener acceso a la totalidad de la información y carpetas de la investigación para defenderse de forma adecuada", puntualizó.
melc
