La promesa de una reforma fiscal a mediados del sexenio y de discutir un pacto con miras a una Convención Nacional Hacendaria después de las elecciones intermedias parece que tendrá que posponerse.
La pandemia y el relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) parecen indicar que lo más viable será la miscelánea fiscal como parte del paquete económico 2022 que delineó la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.
Se espera que sólo habrá cambios administrativos para facilitar el pago de impuestos y seguir el combate a la evasión, y no se descartan propuestas encaminadas a fortalecer los ingresos de los estados y municipios para regresarles potestades.
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Expertos dijeron que dejar en el olvido la reforma fiscal podría ser contraproducente, porque si bien 2021 será un buen año para la economía y los ingresos tributarios, difícilmente se repetirá.
La Comisión para la Transición Hacendaria que creó la Cámara de Diputados trabaja para entregar a la nueva legislatura cinco documentos: requerimientos de gasto, reforma de pensiones, crear el Instituto de la Hacienda Pública (consejo fiscal), la Convención Nacional Hacendaria y la reforma tributaria.
Héctor Villarreal, integrante de esa comisión, advierte que todo lo que se ha planteado para una miscelánea fiscal en 2022 no elimina los riesgos sistémicos hacia finales del sexenio.
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“Parece que ahora se vuelve a ver un viraje de decir que no será tan profundo como la reforma fiscal que se esperaba”, dice.
Comenta que todo indica que será una reforma administrativa, simplificación fiscal y que los estados pongan más de su parte para cobrar más.
El también director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) confía en que el trabajo de esa comisión va a fijar el camino para lo que ocurra ahora en septiembre y los siguientes tres años.
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Se entregará un documento muy técnico, apartidista, pero no desapasionado sobre cómo están las cosas, expresa.
Precisa que el 15 de agosto entregarán el análisis a la Comisión de Presupuesto, pero también debería tenerlo la Comisión de Hacienda del Senado, y por qué no, la Secretaría de Hacienda.
Apunta que esta labor será útil para diputados de la nueva legislatura, porque se toparán con restricciones presupuestarias.
Estados, a la expectativa
Mientras tanto, los secretarios de finanzas de los estados están a la expectativa de la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda para conocer su posición ante el federalismo, la posible reforma fiscal y el papel de los gobiernos locales.
El secretario de Finanzas de Veracruz, José Luis Lima, señala que en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) se analizaba y discutía lo referente a la fórmula y las variables de distribución de recursos federales: una distribución para apoyar a los estados con mayor pobreza, temas que formarían parte del tan ansiado pacto fiscal.
Se estaba viendo lo que pedían los estados del norte, de darle más peso a las participaciones y el Producto Interno Bruto (PIB), y los del sur, con sus planteamientos sobre lo que contribuyen en recursos naturales, agua, gas y petróleo.
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“Ya se había avanzado en las discusiones con varios secretarios, lo que seguía era sentarnos, hacer la parte técnica que es hacer números, pero nos tocó el cambio”, comenta el coordinador de la región sur en la CPFF, que representa a ocho estados.
Quieren quedarse con el IVA
En ese entorno, gobernadores entrantes, como Samuel García, de Nuevo León, y otros en funciones, como Chihuahua y Jalisco, de oposición, insisten en quedarse con el IVA federal recaudado en sus entidades sin hacer nada localmente, lo que implicaría salir del pacto fiscal.
Para el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Fausto Hernández, se tienen que ver las dos caras: potestades tributarias y obligaciones de gasto.
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Durante el coloquio de historia económica expuso que en potestades tributarias significaría la devolución total o parcial, e implicaría la reasignación de responsabilidades de gasto.
Cada vez quieren más dinero, pero no se plantean cuál va a ser la obligación de gasto, porque la Federación se va a quedar con menos recursos para cumplir los compromisos que se establecen en la Constitución, enfatizó.