De aprobarse la reforma a la ley minera y de aguas nacionales habrá consecuencias negativas en cascada, pues algunos cambios incluidos en la iniciativa violan tratados internacionales, advirtieron especialistas y varios organismos empresariales.
Además, las modificaciones abren la posibilidad a que se llegue a un panel de solución de controversias que fije indemnizaciones para los inversionistas afectados.
“La nueva iniciativa quiere arrebatarles a las empresas mineras mexicanas la operación del sector y lo primero es destruir el valor de mercado de sus proyectos actuales”, dijo el presidente del comité minero de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), Armando Ortega.
“Es una iniciativa con un explícito objetivo nacionalizador, destructor del sector y con un aliento político de radicalización para construir las bases de una nueva gesta histórica que puede compararse con la expropiación petrolera o la eléctrica”, explicó.
La iniciativa busca cambiar las leyes vigentes y con las cuales se otorgaron las concesiones que operan actualmente conforme a los tratados de libre comercio firmados por México, lo que afectaría a 23 proyectos por 9 mil millones de dólares que se pretendían invertir entre 2022 y 2029, explicó Ortega.
La propuesta del Ejecutivo federal se considera violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), agregó, y tendría que abordarse a través del capítulo de solución de controversias Estado-Estado.
Además, dijo, los inversionistas de capital canadiense podrán defenderse al amparo del Tratado Integral y Progresistas de Asociación Transpacífico (TIPAT, también conocido como TPP-11).
La propuesta de reforma plantea reducir de 50 a 15 años la vigencia de las concesiones, las cuales podrán prorrogarse sólo en una ocasión, así como eliminar la posibilidad de expropiar terrenos para utilizarlos en la minería y condiciona las concesiones a la disponibilidad de agua, entre otros aspectos.
“Algunos elementos de la iniciativa pueden ir en contra de lo que México ha pactado en sus acuerdos internacionales de inversión”, dijo el expresidente del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y jurista especializado en comercio exterior, Ricardo Ramírez
Tanto los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones como los tratados de libre comercio protegen a los inversionistas frente a actos discriminatorios, arbitrarios y caprichosos o sin fundamento legal, dijo.
“La iniciativa se suma a las reformas ya en vigor en materia de litio. La exposición de motivos deja en claro que uno de los objetivos es cambiar el modelo actual. No obstante, ello no es motivo suficiente para que México deje de observar sus compromisos comerciales internacionales”, recalcó Ramírez.
Cualquier afectación injustificada a los inversionistas extranjeros puede vulnerar compromisos internacionales y otorgarles un recurso para reclamar una indemnización por daños a sus inversiones “derivados de medidas que no se apeguen a los compromisos de México”, agregó.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, las empresas canadienses son clave en el sector minero, pues de un total de 386 proyectos de empresas mexicanas con capital extranjero, 304 tienen su origen en ese país, mientras que Estados Unidos tiene 40, Australia 14, Corea 7 y Japón 4.
La Cámara Minera de México (Camimex) aseguró que la iniciativa tendrá impactos en más de 70 sectores industriales que dependen de minerales para su producción, como el automotriz, siderúrgico, de energías renovables, electricidad y farmacéutico.
Además, causará pérdidas por aportaciones fiscales, considerando que en los últimos ocho años éstas ascendieron a 313 mil millones de pesos. Asimismo, afectará inversiones por 9 mil millones de dólares entre 2022 y 2029.