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Los cambios que aprobó la Cámara de Diputados a la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal muestran que la política fiscal tiene como prioridad elevar la recaudación con mecanismos punitivos excesivos, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Ante el hecho de que 2021 será año electoral y que el gobierno no pretende bajar su gasto, se buscan mecanismos de persecución y amenazas contra contribuyentes, exponen economistas del Centro.
De ser así, sólo se genera incertidumbre jurídica y se alejan inversiones, advirtió el organismo en el Análisis Económico Ejecutivo semanal.
“La preocupación es que la política fiscal parece encaminarse hacia elevar la recaudación a toda costa, utilizando mecanismos punitivos que son aparentemente excesivos y bajo un clima de amenaza y persecución”, afirmó.
Recaudar bajo estos mecanismos “implicaría un grave riesgo, ya que si bien podría elevar la recaudación en el ejercicio, a futuro contribuiría también al marco de falta de certeza jurídica que tanto hace falta para la recuperación de la inversión privada”.
Los cambios que aprobaron los diputados llamaron la atención en otros países, por ejemplo el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) envió una carta al Presidente “argumentando que las autoridades fiscales de México están intimidando a los contribuyentes que tienen irregularidades fiscales para que no busquen asesoría legal para corregir su situación fiscal y asistan directamente al SAT”.
El colegio estadounidense afirmó que esa es una clara violación al debido proceso y a los derechos humanos que constitucionalmente tienen los mexicanos, por lo que el ABA invitó al gobierno a que se respete el Estado de derecho y a que instruya a todos los funcionarios a respetar el derecho de las personas a buscar asesoría legal, libres de interferencia del gobierno.
De no hacerlo, se pueden fincar las posibles violaciones al debido proceso en cortes internacionales, sobre todo porque hay evidencia de que el SAT presiona fuertemente a contribuyentes para llegar a acuerdos con base en amenazas de múltiples auditorias y otros actos intimidatorios.
Ello sumado a las reformas en materia penal “que derivan en que la defraudación fiscal, cuando exceda de ciertos montos, tenga como consecuencia la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, puede actuar como disuasivo a la inversión”.
