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La compra de la marca Mexicana de Aviación por parte del gobierno federal constituye un manejo irresponsable de recursos públicos, ya que no existe una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este gasto, de acuerdo con analistas.
Además, la prioridad del gobierno federal debería ser la recuperación de la categoría 1 en seguridad aérea para beneficio de todas las aerolíneas mexicanas, en lugar de competir con ellas con una compañía estatal que operará con “activos chatarra” de una empresa que dejó de operar hace 12 años, opinó Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santamarina y Steta y experto en derecho aeronáutico y aeroportuario.
El pasado 6 de enero, el gobierno acordó con los sindicatos, que representan a extrabajadores de Mexicana de Aviación, la compra de la marca y otros activos.
A través de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), el gobierno se comprometió a pagar 815 millones de pesos por la marca Mexicana de Aviación y sus submarcas; así como un edificio en Guadalajara; un piso en la calle de Balderas en la Ciudad de México; el centro de adiestramiento frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); y un simulador de vuelo.
Desde el punto de vista de Machorro, gastar más de 800 millones de pesos para adquirir los derechos de marca de Mexicana no tiene sentido pues es dinero que no se destina a darle más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ni para ayudar al aeropuerto Benito Juárez.
“Es un manejo irresponsable de recursos”, indicó.
A los extrabajadores de Mexicana se les paga 10% de lo que se les debe; sin embargo, el gobierno cae en la contradicción de si rescata o no empresas, porque sí rescata extrabajadores, agregó.
Por su parte, Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún no tiene permiso para operar una aerolínea comercial, ya que esto se aprobará en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero.
“En la planeación nacional del desarrollo, concretamente en el PND 2019-2024, no existe nada relativo o referente a la constitución de una aerolínea comercial a cargo del gobierno federal, que podría costar unos 150 millones de dólares, por lo que hasta el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no hay un peso asignado para tal efecto”, destacó.
Para que la Sedena obtenga el permiso de operar una aerolínea comercial, se tienen que reformar las Leyes de Aviación Civil y Aeropuertos, lo cual tienen que aprobar los legisladores.
“Llama la atención lo prematuro de la propuesta económica sin tener certeza de que legalmente la Sedena pueda operar una aerolínea y no se prevenga el posible detrimento en contra del erario”, aseveró Casas Lías.
“Debe señalarse que cualquier desvío de recursos no presupuestados y etiquetados, conlleva sanciones administrativas y penales para el servidor público involucrado, además de contravenir lo dispuesto por la Ley Federal de Austeridad Republicana”, añadió.
Asimismo, le preocupa el hecho de que a extrabajadores les pidieran desistir de sus demandas relativas a liquidaciones correspondientes antes del pago.
Mexicana de Aviación dejó de operar en 2010 cuando entró el concurso mercantil, mismo que reconoció a 7 mil 300 extrabajadores quienes tenían varios laudos con derecho a cobro ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para vender los bienes de la aerolínea, y así pagar los 4 mil millones de pesos que les debían en liquidaciones.
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