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Terminar de forma abrupta con la subcontratación en México no es conveniente en estos momentos de crisis y falta de empleos, además de que podría generar una gran cantidad de problemas al país, coincidieron especialistas del sector y académicos.
“Hay que tener cuidado en cortarlo de tajo porque se podría limitar la contratación de personas en momentos en que se requiere generación de empleo”, advirtió el coordinador del Centro de Análisis e Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, Héctor Magaña Rodríguez.
Estableció que, si bien, sería benéfico modificar este tipo de subcontratación laboral, se debe hacer tomando en cuenta sus efectos. Lo anterior porque al limitar la generación de fuentes de empleo que se necesitan por outsourcing o de otras alternativas, la población podría verse limitada en cuestión de sus ingresos.
Acabar totalmente con la subcontratación, incluso con la que es responsable y profesional y que no incurre en malas prácticas, tendría consecuencias bastante graves, advirtió Elías Micha, director general de TalentiaMX.
En su opinión, terminaría en un corto lapso con 4 millones de empleos formales, especialmente en sectores vulnerables y precarizados, como las mujeres, madres solteras, jóvenes y personas con capacidades diferentes.
También pondría en riesgo la viabilidad de miles de empresas que requieren de la subcontratación para desarrollar sus labores. Desincentivaría la inversión, desarticularía cadenas productivas internacionales, además de que dificultaría el cumplimiento de acuerdos laborales del T-MEC, agregó el especialista.
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), destacó que la iniciativa no resuelve el problema de fondo, porque la elusión y evasión no es sólo en la subcontratación, esa es una mínima parte, el problema está en las empresas que hacen un subregistro de sus trabajadores, comentó.
“La reforma va a controlar a los que siempre han estado en la formalidad, se registran como empresas especializadas y cumplirán con la ley sin problema, y las otras seguirán haciendo mal, entonces no creo que haya un combate de fondo a las empresas que lo vienen practicando de forma ilegal”, agregó el directivo.
Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas, espera que se apruebe la propuesta, “porque es un buen paso para recuperar los organismos de seguridad social y sobre todo para que las empresas que requieran tercerizar parte de sus actividades lo puedan hacer de manera legal y legítima sin recurrir a estos mecanismos ilegales y que dañaban los derechos humanos de los trabajadores”.
