En México, 38% de las vías de la red rural federal, estatal y municipal se encuentran en malas condiciones por limitaciones presupuestales para su conservación, lo que equivale a 61 mil 781 kilómetros afectados, de acuerdo con datos de la Dirección General de Carreteras (DGC) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Para atender esa problemática, la SICT está solicitando 13 mil millones de pesos para el Programa de conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2023, propuesta que será incorporada al Paquete Económico.
En un documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL se da como un hecho que al cierre de este año prevalecerá el mismo porcentaje de carreteras rurales en malas condiciones, lo que significa que 2022 es un año perdido en conservación de carreteras rurales a nivel nacional.
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El ambicioso plan que se diseñó para 2022 con el fin de mejorar esta red se enfrentó a la falta de recursos presupuestales.
Para mejorar la calidad de esos 61 mil 781 kilómetros, el gobierno aprobó una inversión de 10 mil 370.9 millones de pesos, el gasto más alto desde 2013.
Sin embargo, hasta el cierre del primer semestre sólo se han ejercido 351.7 millones de pesos, es decir, 3.3% de su presupuesto aprobado, de acuerdo con el seguimiento de los programas y proyectos de inversión que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esto ha provocado, refiere la DGC, que a la fecha casi cuatro de cada 10 kilómetros de la red carretera rural estén en “malas condiciones de circulación”.
Los volúmenes de tránsito que circulan en la red rural y alimentadora varían de acuerdo con los tramos seleccionados para la aplicación de los recursos, pero se estima que por ellos transitan entre 100 y 500 vehículos al día, mientras que en carreteras alimentadoras viajan de 350 a 2 mil vehículos diarios.
Además de que la falta de recursos se traduce en una clara limitación en el nivel de operación y servicio, también influyen en la problemática factores como las condiciones climáticas, volúmenes de tránsito y “la falta de atención por parte de gobiernos estatales y municipales”.
“Los caminos rurales presentan baches, derrumbes, vegetación ruderal abundante a las orillas y desniveles en la capa de rodamiento, entre otros”, explica en el Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2023.
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Ello impide garantizar plenamente “el acceso permanente a las poblaciones rurales, particularmente a las cabeceras municipales que no disponen de acceso pavimentado para que cuenten con al menos una vía de comunicación terrestre en condiciones adecuadas”.
Asimismo, complica el acceso de localidades rurales a servicios básicos, para promover un desarrollo social equilibrado, y no permite contar con una vía de acceso que preste servicio con eficiencia y se apoye a actividades económicas y productivas.
Las condiciones físicas de la red de caminos rurales dejan mucho que desear. De 145 mil 418 kilómetros de red rural estatal, 3 mil 545 kilómetros de red rural federal y 13 mil 107 kilómetros de rural municipal, 38.12% están en malas condiciones.
Esto significa que no han podido resolver esta problemática los Centros SCT ni las entidades viales estatales a través de Comités de Planeación y Desarrollo Estatal, que llevan a cabo la priorización de atención de conservación y reconstrucción de la red rural y alimentadora, ubicados en comunidades rurales, en municipios con un grado de marginación muy alto o alto.
La SICT considera que “el mal estado físico en que se encuentra la red ocasiona que haya inseguridad al transitar la vía; a la par, genera incremento en tiempos de recorrido y los costos de operación vehicular para trasladar a usuarios y mercancía, impidiendo el desarrollo en la actividad económica de zonas rurales”.
Al igual que se planteó para este año, la DGC señala que “el principal riesgo que presenta el programa 2023 es la disponibilidad de la totalidad de recursos presupuestales para la conservación y mantenimiento de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el tiempo previsto”.
Además, detecta otros riesgos asociados al programa, como la demanda social de obras adicionales, retrasos en la entrega por problemas técnicos y fenómenos inflacionarios, los cuales podrían incrementar su costo y los tiempos de ejecución.
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