Los cambios que se hicieron a las reglas de los certificados de energías limpias, en la política del sistema eléctrico, en cobros por porteo y las medidas por el Covid-19 llevaron al sector privado a presentar 172 amparos contra las decisiones públicas, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí.
Explicó que las modificaciones que se hicieron por parte del gobierno federal al no apegarse a la ley “acaban siendo disputas y arbitrajes en el poder judicial como lo vemos en el sector eléctrico”.
Los cambios en Certificados de Energías Limpias (CEL), no aceptación de las empresas que iban a empezar a producir energía eólica, la Política de Confiabilidad y el último de las tarifas de porteo, “de todas ellas, han sido de alguna manera llevadas a tribunales y en todas se han presentado amparos”.
Lee tambièn: Cofece se manifiesta contra polìtica elèctrica
“Mientras no haya certeza en nuestra forma de aplicar las leyes y reglamentos no podemos creer que un inversionista va a arriesgar su dinero cuando las reglas del juego pueden ser cambiantes. A veces se trata de decir que no se cambió la ley, que solo se cambió la norma, pero si se cambia la norma y el reglamento cambias el espíritu con el que cambias las ley y afectas a la persona que decidió hacer una inversión en el pasado”, expuso.
Hasta las 14:00 horas del viernes 26 de junio se tuvo conocimiento de 172 solicitudes de amparo, de las cuales 33 tenían que ver con los cambios en los Certificados de Energías Limpias que realizó la Secretaría de Energía, de los cuales 28 ya cuentan con suspensión definitiva; 47 contra el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del Covid-19 del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)
Todas estas solicitudes tienen suspensión definitiva.
Lee tambièn: Aguascalientes se suma a la defensa de las energìas renovables
Otras 72 solicitudes de amparo se interpusieron por la decisión de la Secretaría de Energía de emitir la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico, de las que 50 ya tienen suspensión definitiva.
Otras 20 contra la decisión de la Comisión Reguladora de Energía, de cambiar las tarifas de porteo o de conexión a las líneas de transmisión.
El director general de políticas públicas del CCE, Javier Treviño, explicó que hasta el 25 de junio había 135 solicitudes de amparo, pero siguen al alza pues en un solo día subió a en 37 la cifra para llegar a las 172 solicitudes.
shgm/ed
