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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para la regulación de la subcontratación (out- sourcing) en la que propone sancionar como evasión fiscal calificada —que alcanza penas de hasta nueve años de prisión— a las compañías que facturen las operaciones simuladas a través de la prestación de servicios.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano informó que se busca “poner orden” en la subcontratación y acabar con la defraudación fiscal y la afectación en los derechos de los trabajadores.
“Es una iniciativa de ley para poner orden en la subcontratación que se ha usado como una forma de defraudación fiscal y que afecta a los trabajadores al negarles sus derechos laborales”, manifestó el Ejecutivo.
De acuerdo con la iniciativa, se propone establecer en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que la conducta consistente en usar esquemas simulados de prestadores de servicios especializados o la ejecución de obras, o subcontratación de personal, constituyen calificativas de la comisión del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
“Se ha identificado que las actividades delictivas por defraudación fiscal —a través de la figura de subcontratación— se ha vuelto una práctica común en México, la cual ocasiona una disminución en la recaudación de recursos del país”, indica.
La iniciativa también propone modificar la Ley Federal del Trabajo para incorporar sanciones de hasta 4 millones 344 mil pesos para aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación de personal, en contravención de lo estipulado por esa ley.
El texto difundido ayer por la Presidencia propone sanciones a empresas que no den información y documentación a trabajadores sobre su contratación.
Abusos del esquema
En Palacio Nacional, el mandatario acusó que las empresas que subcontratan trabajadores los despiden masivamente a fin de año, para evitar que generen antigüedad, y no les reconocen derechos laborales por este mecanismo, que comentó, se creó para facilitar a empresas los trámites de contratación, “pero se deformó y se echó a perder”.
“Hay despachos que se dedican a estas actuaciones, estos procedimientos, que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia, de repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores en una sola empresa, hay compañías de este tipo que tienen 100 mil, 150 mil trabajadores”.
Daño general
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), detalló que el outsourcing genera una afectación a la hacienda pública, debido a que la subcontratación está relacionada con “empresas fachada” y “factureras” que evaden impuestos y defraudan al fisco.
“Evaden las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afectando con ello la calidad de los servicios de salud; y evaden las cuotas del Infonavit, reduciendo así los créditos de vivienda destinados a los trabajadores”.
Agregó que otros de los problemas que genera a empleados bajo este esquema es que se les registra ante el IMSS por debajo de sus salarios reales, lo que afecta en sus pensiones, porque se jubilarán con ingresos por debajo de los que ganan en su vida laboral.
“Y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades”.
Detalló que se calcula que cerca de 4 millones 600 mil trabajadores están en este tipo de subcontratación; sin embargo, expuso que no se tienen registros claros, “así que consideramos que es muy probable que esa cifra sea menor a la real”.
