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La Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), fiscalistas y abogados advirtieron que es un exceso la propuesta de utilizar a infiltrados para el combate contra los factureros fantasma.
La defraudación fiscal no es un problema de seguridad nacional que amerite emplear esta figura, así como testigos protegidos y la intervención de las comunicaciones, argumentaron.
Para eso, la defraudación tiene que poner en riesgo al Estado mexicano y no lo hace, esgrimieron.
También manifestaron su preocupación por la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio que se derivarán de la iniciativa que se analiza para endurecer el combate a los factureros al equiparar ese delito como uno de la delincuencia organizada.
Se generará inseguridad jurídica y desalentará la inversión productiva, advirtieron durante el foro Las reformas fiscales y penales
contra las facturas falsas y las empresas fantasma.
“No es para espantarse, es para tener terror”, advirtió Rodolfo Cárdenas, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
A nombre de la ABM, Felipe Gómez Mont cuestionó que en la iniciativa que se está preparando no se prevé la existencia de soluciones alternas de controversia.
“Si el fin último es recaudar más y no tanto meter a la gente a la cárcel, por qué cerrarle la puerta a los acuerdos reparatorios”, cuestionó.
Por parte de la Comisión Fiscal del CCE, Ricardo Cervantes, opinó que esta controversial iniciativa ya está causando inquietud en la cúpula empresarial.
Los empresarios no están de acuerdo en que los delitos fiscales ameriten prisión preventiva oficiosa, es decir, que vayan a la cárcel sin ser juzgados.
En tanto, el vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, Juvenal Lobato, dijo que se corre el riesgo que se utilice como instrumento de persecución política.
Estado de derecho. El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Héctor Herrera Ordóñez, pidió respetar el Estado de derecho en el combate a factureros.
“Es importante procurar que con dichas acciones se respete el Estado de derecho, para combatir actos ilegales”, advirtió.
Hizo un llamado a legislar con base en un ánimo constructivo acorde con la Carta Magna.
En riesgo Estado mexicano. La senadora del PAN, Minerva Hernández, señaló que al tipificarse como delincuencia organizada, las autoridades podrán utilizar todas las figuras que existen actualmente como testigos protegidos, infiltrados y demás, como sucede con el combate al narcotráfico.
Pero en su opinión es un exceso que se considere como un problema de seguridad nacional; para que sea así tiene que poner en riesgo al Estado mexicano.
Se tiene que hacer una pausa para analizar si la iniciativa es lo más pertinente para atacar la evasión fiscal y el uso doloso de facturas como comprobantes, estimó la legisladora.
Dijo que se debe abordar como un problema de Estado, con inteligencia y no con excesos.
En lo anterior coincidió la senadora Xóchitl Gálvez, porque en tiempos de avances tecnológicos es más útil la inteligencia que la presión preventiva.
El especialista en temas fiscales Rodolfo Islas agregó que tampoco será viable la prisión preventiva
ni la oficiosa.
Resaltó que se trata de una propuesta muy delicada porque significa que es la privación de la libertad que va contra el nuevo Sistema de Justicia al violar los derechos humanos.
La senadora del PRI, Nubia Mayorga, alertó que no se debe confundir el tema de defraudación fiscal con la seguridad nacional, porque únicamente se imprime miedo a los empresarios.