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Los semáforos para medir el nivel de endeudamiento de los estados y municipios fueron un gran paso, porque se logró frenar la tendencia creciente de los adeudos, pero ahora se requiere revisar los parámetros, consideró el especialista Ezequiel González.
En entrevista, dijo que se necesitan semáforos regionales para tomar en cuenta las diferentes realidades que hay en cada entidad, y no medir con la misma vara a todos los gobiernos subnacionales.
Reconoció que los primeros semáforos que se dieron a conocer en la nueva Ley de Disciplina Financiera (LDF) fueron útiles en una primera instancia; ahora hay que hacer una reforma para que no se pierdan los buenos resultados que se dieron.
González advirtió que para el caso del semáforo de la deuda para universidades y organismos públicos, será una tarea más compleja para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Creo que hay muchas dudas y mucho trabajo por hacer, porque se trata de un amplio universo de instituciones públicas de educación superior, y organismos como los operadores de agua de los cuales nunca se contaba con información financiera”, expresó el especialista.
Retos. Uno de los beneficios que trajo la ley es que aportó más transparencia y certeza legal, así como mayor competitividad, refirió.
A los bancos y participantes de los mercados como calificadoras, les sirve porque saben en qué situación están las finanzas de las entidades.
Comparados con hace tres años, cuando no existía la LDF, hay un desarrollo, porque pueden dar información más transparente.
En cuanto a certeza legal, con la ley hay más luz en zonas grises que había, porque no se sabía qué abarcaba el término de inversión productiva o un refinanciamiento; hoy es muy claro, sostuvo.
Pero, al poner parámetros a todos por igual, se olvidaron que hay diferencias regionales, subrayó.
Por eso, el especialista consideró que el segundo paso debe ser que se ajusten a cada realidad del país para no tener una disparidad.
Otro reto es cómo hacer que la ley abra oportunidades a las entidades federativas y los municipios para optar por no pedir financiamiento para evitarse problemas y quedarse en una situación de “confort” o darle la vuelta a la ley. “Hay algunos que tratan de cuidarse o de no endeudarse y dejan un rezago social o de desarrollo humano”, dijo.
En ese sentido, consideró que la SHCP, debe poner un “piso más parejo” para todos.
Además por otro lado, González advirtió que las entidades no pueden depender siempre del gobierno federal para subsistir o tener como único camino la deuda.
Deben aprovechar su capacidad de aumentar los ingresos propios sin poner por delante el capital político para no cobrar impuestos o contribuciones.
“A veces no se cobra el agua, y no se tiene la infraestructura adecuada para atender esta demanda de la población por medio de inversión, y los afectados son los habitantes, porque están pagando por agua embotellada para tomar cuando se podría hacer del grifo”, enfatizó.