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Graciela Márquez es otra secretaria de Estado que se sumó a los funcionarios públicos que ya usan cubrebocas en público. Nos dicen que ayer la secretaria de Economía apareció en la conferencia diaria para dar seguimiento a los créditos a la palabra con una mascarilla rosa hecha por artesanos mexicanos. Así, ya no sólo el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, es el único que lo usa, ni tampoco el de la secretaría de Educación, Esteban Moctezuma. No se sabe la razón por la cual Márquez decidió tomar la medida, pues es la primera vez que lo hace desde que comenzó a estar al frente de las conferencias vespertinas, pues ni siquiera lo hizo cuando estuvo en cuarentena.
Industria, atada de manos
Los industriales del país se quejaron de la decisión de muchos estados de no permitir que reabra la industria en su totalidad, ya que ello pone en riesgo empleos y a la planta productiva. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, dijo que muchas empresas quedan muy mal con sus clientes porque no les pueden surtir los productos, pues simplemente no hay manera de que operen ante las restricciones que imponen algunos estados, aunque no precisó cuáles. La queja también llegó al gobierno federal, porque dijo que por una parte se dice que ya está en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero por otra, al no dejar operar a la industria, se frenan las exportaciones.
Combate a cigarros ilegales
Movidos andan el SAT, de Raquel Buenrostro, y la industria tabacalera, con decomisos y destrucción de cigarros que entran al país de ilegalmente. Al aseguramiento de hace dos meses en Toluca de más de 5 millones de cigarros y 18.9 toneladas de tabaco a granel, se sumaron 31 millones de cigarros ilegales que se destruyeron el 21 de agosto en Veracruz, uno de los operativos más grandes de los que hay registro. Esos productos no cuentan con el código de seguridad, por lo que están en contra de lo previsto en el artículo 146 de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Además, ponen en riesgo la salud y afectan los ingresos públicos, al no pagar los impuestos que corresponden.
