La American Chamber México (Amcham) se sumó a las voces en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del gobierno mexicano, porque dijo va contra el T-MEC , viola tratados internacionales y es un retroceso para la competitividad del sector, el Estado de derecho y el desarrollo sustentable.
Para empezar la iniciativa va en contra de los compromisos que asumió el gobierno mexicano en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque “no se reconocen los derechos adquiridos y el otorgamiento de contratos a las empresas".
En un comunicado la Amcham dijo que se fortalece a la empresa del sector eléctrico del Estado, porque se privilegia la compra de centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de la electricidad que generan los privados a través de energías limpias.
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Al igual que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la llamada USChamber, consideró que al privilegiar las energías contaminantes y desplazar a las limpias va en contra de la Constitución, la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París.
Otro de los puntos es que elimina la obligatoriedad de comprar por subastas, lo que significa que ya no se comprará a quienes ofrezcan mejor precio ni la mejor tecnología.
Además de que se obligará a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, ya que “modifica unilateralmente los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos, lo cual es violatorio del principio de no retroactividad de la ley”.
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Las inversiones en el sector energético deben hacerse con “una visión integral de largo plazo, es decir, con reglas claras y transparentes que garanticen la continuidad y el éxito de los proyectos”.
Añadió que el sector energético representa el 6% del PIB y es determinante para que la economía mexicana pueda crecer sostenidamente, sin embargo, para lograr esa meta es necesario que el Estado garantice la libre competencia y certidumbre jurídica.
La Amcham pidió a los legisladores reflexionar en que la política energética debe tener un enfoque de certidumbre, libre competencia y respeto de los compromisos internacionales.
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