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Desde su concepción, el Tren Maya ha sido motivo de críticas y descalificaciones por el monto de recursos que se emplearán en su construcción, en momentos en que el país requiere cubrir otras necesidades, como las derivadas de la pandemia de Covid-19.
Partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y grupos ambientalistas han señalado problemas en la obra ferroviaria, sobre todo en las licitaciones de sus tramos, así como afectaciones para las regiones por donde cruzará.
La licitación del primer tramo, que irá de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, fue asignada a Mota-Engil México, por 15 mil 538 millones de pesos. El segundo, de Escárcega a Calkiní, Campeche, se entregó a Operadora Cicsa y FCC Construcción, por 18 mil 553 millones de pesos. En tanto, el tercer trecho, que va de Calkiní a Izamal, Yucatán, estará a cargo de Construcciones Urales, por 10 mil 192 millones de pesos.
El primer tramo fue adjudicado a una empresa beneficiada en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. La constructora que ganó el segundo segmento fue imputada en 2019 en España por presuntamente dar sobornos a políticos y funcionarios de Panamá a cambio de obras públicas en ese país.
La firma que edificará el tercer tramo construyó el segundo piso del Periférico de la Ciudad de México en 2005, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno.
“Podemos observar que Morena no sabe gobernar, que sigue con las viejas prácticas de corrupción e influyentismo del viejo PRI”, dijo al respecto Agustín Dorantes, presidente del PAN Estatal Querétaro.
A estas voces se suma el rechazo de comunidades indígenas de Calakmul, Campeche, que se oponen a la construcción del proyecto.
Apenas el mes pasado, reclamaron que, si bien el objetivo del gobierno es impulsar el turismo y el comercio en el sureste con la obra, “pierden de vista que en la zona faltan servicios fundamentales, como el agua”.
En diciembre del año pasado, otro grupo de comunidades indígenas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo frenaron el segundo tramo del tren, que va de Escárcega a Calkiní, al obtener una suspensión mientras se resuelve el recurso de amparo promovido, según dio a conocer la asociación Indignación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.
Consultada sobre probables daños ambientalistas por el paso del Tren Maya, Viridiana Lázaro, especialista de Greenpeace México, consideró que la deforestación y contaminación del agua debe tomarse en serio en la Península de Yucatán.
La especialista expuso que entre los daños colaterales que traerá el proyecto destaca la deforestación de miles de árboles, lo que se traduce en la pérdida de hábitat de diversas especies en peligro de extinción, y subrayó que la selva maya ayuda a captar gases de efecto invernadero.
Lázaro detalló que, en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), entregada por Fonatur a la Secretaría del Medio Ambiente, se pone en evidencia que se removerán ejemplares de cinco especies de árboles con alguna categoría de riesgo.
“Si están protegidas por la norma 059, significa que no se deberían de deforestar, no se deberían de tocar”, afirmó.
En materia económica y financiera, la magna obra sexenal se está alejando del costo inicial que había previsto el gobierno, a través de Fonatur.
En el último año, la inversión requerida para el proyecto se incrementó 30%, al integrarse obras como la electrificación de casi la mitad de la ruta y la construcción de 50 kilómetros de trayecto elevado, mientras Fonatur considera que el incremento está en un rango razonable.
Rogelio Jiménez Pons, director de esa instancia, comentó que los cambios realizados al tren llevaron su costo a casi 180 mil millones de pesos (30% más respecto al monto registrado ante la Secretaría de Hacienda en enero de 2020).
Una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada de operar y administrar el Tren Maya, según instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El titular del Ejecutivo expuso que dejar esta obra ferroviaria (mismo caso para el aeropuerto de Santa Lucía) y su administración a cargo de Sedena “es con el propósito de garantizar una buena administración, seguridad y autosuficiencia”.
