El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que México no se podrá desarrollar si no invierte primero infraestructura que garantice energía suficiente a toda la ciudadanía y a todos los sectores económicos.
Indicó que un país competitivo necesita un sector energético confiable, con precios competitivos y bajas emisiones, por lo que el próximo gobierno requiere invertir en energía para capitalizar el nearshoring.
Por lo anterior analizó la evolución del sector energético en nuestro país desde un enfoque de competitividad, sostenibilidad y responsabilidad fiscal y planteó una agenda de política pública para los tres subsectores centrales de la energía: petróleo, gas y electricidad.
La propuesta se basó en entender el rol del petroleo, especialmente en la rente petrolera, la transición energética el gas natural como combustible de transición –más eficiente, asequible y limpio que sus demás contrapartes fósiles–, asimismo, se busca expandir y modernizar las redes eléctricas, así como la expansión de capacidad de generación eléctrica con la menor huella de carbono posible.
México tiene que apostar por maximizar el valor de este activo logrando que los ingresos provenientes de la explotación de este recurso beneficie a las generaciones que vivirán una vez que se agote.
1.- Promover la colaboración entre Pemex y operadores privados. Las asociaciones permiten a Pemex diversificar el riesgo operativo y financiero de la exploración de campos y beneficiarse de las capacidades de otros operadores.
2.- Rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para financiar la transición energética. Se necesita replantear el diseño FMP para acumular una mayor proporción de la renta petrolera del país en beneficio de las generaciones futuras y transición energética.
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3.- Desarrollar una estrategia para que las refinerías procesen productos de mayor valor agregado y para reconfigurar las instalaciones para petroquímica. Contar con una estrategia puntual, rentable y con visión a largo plazo para las refinerías.
4.- Facilitar el otorgamiento de permisos de importación de combustibles. Limitar la importación pone en riesgo la seguridad energética y excluye la necesidad de contar con todas las alternativas posibles para garantizar el suministro.
México puede aprovechar las ventajas que ofrece el gas natural como combustible de transición, sin embargo, se ve limitado al no poder responder a los cambios abruptos de oferta y demanda.
1.- Desarrollo de infraestructura de almacenamiento de gas natural. Es necesario que el Estado mexicano establezca una política de almacenamiento de gas natural que permita la participación del sector privado.
2.- Diseñar una estrategia efectiva para minimizar las emisiones fugitivas de metano a la atmósfera.
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Se ha pronosticado demanda de energía eléctrica, lo que pone en riesgo de presentar un déficit de generación de no reanudar la inversión pública y privada. Por lo que resulta necesario reforzar la infraestructura de transición para un crecimiento a ritmo de la demanda eléctrica.
1.- Se tiene que cumplir con la normatividad y regulación de permisos de generación eléctrica. La competencia en energía renovable reducirá el costo de regeneración y traerá consigo beneficios ambientales con menos emisiones de gases de efecto invernadero.
2.- Ejercer en su totalidad los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución. Se debe de apegar a los presupuestos aprobados para dar cumplimiento a metas de inversión de transición y distribución de energía para incorporar tecnologías renovables.
3.-Priorizar las inversiones en áreas de negocio donde la CFE genera utilidades. La CFE debe reorientar su presupuesto para fortalecer áreas de negocio en las que es rentable.
4.-Aprovechar los mecanismos de financiamiento de inversión disponibles. La CFE debe aprovechar distintos mecanismos para permitir la participación del sector privado en inversión y operación de infraestructura para garantizar la expansión y modernización de redes eléctricas.
El IMCO enfatizó que la próxima administración tendrá que utilizar los mecanismos legalmente disponibles para invertir de forma acelerada en infraestructura energética que garantice energía confiable con la menor huella de carbono posible y a precios competitivos.
kicp