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Accionistas de la firma petrolera Baker Hughes pidieron a sus altos directivos investigar todos los hechos que relacionan a la empresa con el escandalo del hijo mayor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , porque existe el riesgo de que la compañía haya incurrido en “posibles violaciones a las leyes estadounidenses”.
Juan Carlos Luna
, quien se ostenta como representante de “un grupo de accionistas” de Baker Hughes envió una carta a Lorenzo Simonello, Presidente y Consejero Delegado; Brian Worrell, director financiero; Regina Bynote Jones, Directora Jurídica; Russell Wilkerson, Director de Asuntos Corporativos; y, Judson E. Bailey, Vicepresidente, Relaciones con Inversionistas de la firma petrolera.
La carta que también hizo llegar al Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para su conocimiento sobre este asunto señala:
La situación -para la petrolera norteamericana- “podría verse seriamente comprometida en virtud de las siguientes piezas del rompecabezas: la participación del hijo de un presidente mexicano, una administración mexicana que ha sido severamente criticada -a nivel nacional e internacional- por sus escándalos de corrupción, un país con un estado de derecho débil, la esposa de dicho individuo, una persona expuesta políticamente, que ha sido activa como intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional, la extensión millonaria de los contratos de Baker Hughes con PEMEX, y ambas empresas luchan con sus propias investigaciones de escándalos de corrupción en el pasado”.
El abogado corporativo de la firma Lawit Group añade que “este lamentable conjunto de coincidencias se dio al mismo tiempo que los contratos entre Pemex y Baker Hughes se ampliaron en su alcance y costo, y cuando uno de sus ejecutivos, otorgó el uso de una residencia de lujo donde vivía la pareja mencionada. Esos son hechos que no se pueden ignorar. Tiene el deber fiduciario de actuar en consecuencia, investigar e informar según corresponda”.
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Incluso comenta que Baker Hughes proporcionó en las últimas semanas un comunicado corporativo al respecto. “Desafortunadamente, dicha respuesta careció de suficiente claridad, profundidad, información y compromiso para investigar más a fondo este tema delicado”.
En la misiva a los altos directivos de la firma petrolera el representante de un grupo de accionistas detalla que en las últimas semanas ha habido una cantidad significativa de noticias que apuntan a posibles conflictos de intereses, denuncias de irregularidades y otras posibles irregularidades legales por parte de Baker Hughes, derivadas del hecho de que un ejecutivo de alto nivel de ese empresa, tenía una relación directa con el hijo del presidente mexicano y su esposa, ambos personas expuestas políticamente, “en casi al mismo tiempo que Baker Hughes obtuvo una extensión de contrato multimillonaria de Petróleos Mexicanos (Pemex)”.
Por circunstancias que aún no están claras y que generan una válida y justificada preocupación de posibles acciones ilegales, indica, el Sr. Keith Schillings, ejecutivo de Baker Hughes, otorgó el uso de una residencia en Conroe Texas, registrada a su nombre, a José Ramón López Beltrán (hijo del presidente de México) y su esposa, Caroline Adams.
El matrimonio López ocupó dicha propiedad durante un período entre 2019 y 2020, coincidiendo con el momento en que Pemex otorgó importantes extensiones e incrementos de costos a los contratos con Baker Hughes, argumenta en la carta.
“La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos. Estos, al menos, crean la percepción de un posible conflicto de intereses y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo, se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”, pide Juan Carlos Luna.
El abogado corporativo agrega que “existe suficiente evidencia de estos hechos, ya que han sido reportados en varios informes de investigación independientes, tanto de Estados Unidos como de México. Los contratos referidos que Baker Hughes tiene con Pemex son un hecho conocido, y también debe tener información sobre el proceso de vía rápida que se llevó a cabo sin licitación pública, ni procedimiento estándar dentro de PEMEX, y los procesos de aprobación laxos bajo los cuales ocurrieron dichas prórrogas”.
Más adelante sostiene que con base en sus esfuerzos y compromiso para fomentar una cultura de diálogo abierto, colaboración y toma de decisiones rigurosa para crear valor a largo plazo para sus partes interesadas, debe considerar la urgencia de realizar una investigación más sólida y completa de este asunto e informar las autoridades, sus inversores y los medios de comunicación, según corresponda.
“Eso es lo correcto. Está en línea con sus lineamientos de cumplimiento corporativo y compromisos éticos”, dice.
Hace hincapié en que “el impacto negativo sufrido por los inversionistas por malas acciones pasadas, el daño a la reputación corporativa y las consecuencias legales y monetarias enfrentadas en acciones corruptas pasadas es motivación suficiente para dar la debida visibilidad y actuar de inmediato.
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