A casi un año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los conflictos por violaciones laborales pueden crecer.
Hasta la fecha se acumulan dos solicitudes de Estados Unidos contra México por denegación de derechos laborales, pero se esperan más casos bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida, que incluye el tratado.
Se prevé que algunos sean por incumplimientos reales y otros por abusos del mecanismo por sindicatos de ambos países.
De acuerdo con expertos, estas disputas podrán acarrear a México represalias contra sus exportaciones, con el daño para los inversionistas estadounidenses de las fábricas que operan en territorio nacional y que sean señaladas por violación al acuerdo.
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El gobierno mexicano se comprometió en el T-MEC que se garantiza a los trabajadores la libertad de asociación sindical, a legitimar los contratos colectivos, voto libre y secreto, eliminar cláusulas de ingreso o exclusión a sindicatos y evitar la injerencia de empresasen, principalmente.
De aquí a 2023, las empresas exportadoras que estarán en el ojo del huracán deberán de cumplir el proceso de legitimación del contrato. Sin embargo, el proceso de votación libre para legitimar el contrato avanza lento.
De acuerdo con especialistas, los compromisos en materia laboral del T-MEC y que llevaron a México a realizar una reforma laboral en 2019 deben cumplirse, porque hay mecanismos fuertes para asegurar que no se violen.
En el T-MEC incluyeron procedimientos para iniciar los Mecanismos de Respuesta Rápida con tiempos de cumplimiento.
“México no tiene opción de cumplir o no los compromisos laborales, no es si los van o no a cumplir, con el TLCAN tuvo forma de no hacerlo, pues hubo paneles que se trabaron 25 años, pero en el T-MEC se puso todo para hacerlos efectivos”, dijo el socio de Littler, Jorge Sales Boyoli.
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El problema es que si bien vemos “el nacimiento de una nueva forma de resolver controversias laborales internacionales”, se puede incurrir en abusos en cómo se activa el mecanismo , pues “basta con que yo sienta que se están denegando los derechos”.
A la fecha hay dos casos que inició la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) contra México por denegación de derechos laborales, uno contra la planta de Silao, Guanajuato, de General Motors, porque durante la legitimación del contrato colectivo de trabajo se encontraron boletas destruidas con votos de trabajadores y, la otra, de Tridonex, en Tamaulipas, por impedir la libre organización sindical y negárseles mejores condiciones salariales y laborales.
Sales Boyoli dijo que a partir de que Estados Unidos envió a México una solicitud de revisión éste tiene 45 días para dar respuesta, más 10 días de consultas de buena fe, tres días hábiles más para integrar el panel, luego 60 días naturales para resolver y 10 días para la primera solución, lo que nos llevará a septiembre para la resolución del primer caso, dijo.
El secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, Alejandro Martínez Araiza, dijo que los sindicatos estadounidenses presionan al gobierno demócrata para que los puestos de México regresen a ese país y por eso “hay que cuidar que las demandas sean verdaderas”.
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Consideró que las demandas laborales “se van a multiplicar”, sobre todo si las exportadoras no cumplen con la Ley Federal del Trabajo, como lo es legitimar el contrato, porque al menos hay más de 6 mil maquiladoras que deben hacerlo con fecha límite del 30 de abril para hacerlo.
Hace unos días la Cámara de Comercio de Estados Unidos aseguró que hay irregularidades en los casos laborales contra México, porque el gobierno de ese país debió publicar el procedimiento para iniciar un panel antes de su solicitud y porque se aceptaron casos previos a la entrada en vigor el T-MEC, el pasado 1 de julio.
Con eso se demuestra que en los dos casos que inició Estados Unidos contra México se afectan inversiones de ese país, por lo que la US Chamber sale en defensa de grandes corporativos, afirmó el exnegociador del TLCAN y ahora académico del Tecnológico de Monterrey, Jorge Molina.