Nos dicen que el jefe de la unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, anunció que están por dar un nuevo “golpe” contra un grupo delictivo, cuyo nombre se reservó. Por cierto, se espera que el operativo sea tomado en cuenta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que evalúa al país en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Nos cuentan que es destacable que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó por primera vez a la prensa el diagnóstico en materia de lavado de dinero y, llamó bastante la atención la cifra de ganancias estimadas del crimen organizado que mencionó Nieto, de un billón de pesos obtenidos entre 2016 y 2018. El monto equivale a la recaudación del impuesto sobre la renta en siete meses, aunque se cree que el botín podría ser mayor.
Nos comentan que la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre reportes de “actividades sospechosas” de lavado de dinero en bancos globales recordó el gran reto de aplicar mejores controles a este tipo de actividades para los reguladores locales. Si bien se han reforzado los controles en el sector a partir de la multa millonaria a HSBC, que dirige Jorge Arce, aplicada en 2012 por lavado de dinero, falta camino por recorrer para reforzar a las instituciones financieras. Además, preocupa el debilitamiento de los reguladores ante los recortes de presupuesto y salida de personal especializado. Por ahora, los bancos que operan en México y fueron señalados en la investigación no tienen comentarios sobre los Fincen Files, nos reportan, al considerarlos asuntos a “toro pasado”.
Nos dicen que ya hay quien levantó la mano para estrenar el mecanismo de impugnación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero no fueron estadounidenses, sino mexicanos contra su propio gobierno. Nos explican que el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (Frente) impugnará los resultados del recuento de trabajadores de la mina San Rafael, ubicada en Sinaloa, porque dicen que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje favoreció descaradamente al sindicato del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Por ello, el líder de la organización sindical, Carlos Pavón Campos, anunció que pedirá se utilice el mecanismo del acuerdo comercial trilateral para presentar una queja contra el gobierno mexicano, por aceptar que hubiera traslado de personal y hacer conteo fuera de las instalaciones, entre otras irregularidades.
Al parecer, el robo a transporte de carga no para, con todo y pandemia. Tan sólo en julio hubo mil 311 robos contra transportistas, es decir, 42.3 hurtos diarios, por lo que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que preside Enrique González Muñoz, busca asesoría de empresas de seguridad privada para prevenir asaltos, sobre todo de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, se teme que la supresión del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad (Fortaserg), el cual destinaba recursos para mejorar las condiciones laborales y equipamiento de policías municipales, deje vulnerables a los cuerpos de seguridad ante los grupos delictivos.