Desde hace algunos años se ha dicho que nuestro sistema de pensiones es una “bomba de tiempo”. Un obús que espera a que los mexicanos envejezcan un poco más para explotar. Pues bien, durante este sexenio, las cosas han cambiado poco y el artefacto sigue activo en un sistema de pensiones que no se ha transformado lo que debería para dejar de fabricar a futuros mexicanos ancianos y pobres y en millones de pesos de pasivos que comprometen al gobierno federal de aquí a las siguientes tres décadas.
El sistema está condenando a los mexicanos, sobre todo a los más jóvenes, aquellos que no tienen derecho a una pensión pagada por el gobierno, a ser unos ancianos pobres por la baja contribución que hoy hacen. Pero no sólo eso, sino que también aquellos que empezaron a cotizar antes de 1997 —cuando se reformó el sistema de pensiones y se crearon las Afore— tampoco pueden echar campanas al vuelo, porque por ese lado también hay focos rojos.
Varios especialistas han alertado sobre los altos pasivos que tiene el gobierno federal por pagar las pensiones de los jubilados de las varias instituciones que dependen de este, tales como Pemex o el ISSSTE. De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, debido a la “desorganización y falta de control en el financiamiento y gasto de las pensiones”, pasivos que representaron 15.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación y 3.7% del PIB durante el año pasado.
“El problema del pago de pensiones en México versa sobre tres ejes, los cuales son fundamentales para su entendimiento: es desigual, insostenible y poco transparente”, diagnostica. La desigualdad versa en muchos aspectos de este sistema. Uno de los más llamativos es lo que van a recibir quienes hayan empezado a cotizar antes de 1997 y después, aquellos que sólo tienen lo ahorrado en su Afore para afrontar su retiro, pero este esquema no sólo trae profundas desigualdades entre pensionados, sino que es una presión para las finanzas públicas. Así, esta obligación no hace más que aumentar y esto afecta a otras políticas públicas quitándoles recursos para concretarse.
Ese estudio continúa con datos nada alentadores: El gasto de pensiones de beneficio definido (así se les llama al esquema del que gozan aquellos que cotizan antes de 1997 y tienen acceso a una pensión por el gobierno) está previsto que crezca hasta 2030, tiempo durante el cual el gobierno tendrá que diseñar mecanismos para cumplir con el pago sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía. Otra cifra para entender la dimensión de lo que se debe: para 2010, los pasivos consolidados alcanzaban un monto de 14 mil 356.3 miles de millones de pesos, lo cual equivale a 104.2% del PIB de ese año, de acuerdo con los cálculos realizados por Pedro Vásquez Colmenares en una investigación denominada “Nueva seguridad social y la crisis de las pensiones”.
Esto ya lo han alertado una variedad de especialistas desde hace varios años. Tapen Sinha, académico del ITAM y director del Programa de la Maestría en Administración de Riesgos, sostiene que a menos que el PIB crezca sustancialmente o el gobierno aumente sus ingresos como porcentajes del PIB, el déficit de las pensiones que el gobierno tiene que financiar a través de impuestos va a crear una crisis en las próximas décadas.
Los jóvenes serán los más pobres
Pero no sólo tiene que ver con que al gobierno no le vaya a alcanzar o de que deje de cubrir alguna necesidad importante por pagarle a los jubilados, sino que la crisis en el tema de pensiones puede alcanzar muchos frentes.
Otro de estos es la insuficiencia de fondos de la que los primeros “aforados” seguramente van a sufrir cuando se empiecen a jubilar. Para ellos las expectativas son sumamente negativas. Hoy están ahorrando 6.5% de manera obligatoria de su sueldo, lo cual no se acerca ni un poco a lo necesario para que ellos reciban una cantidad digna cuando llegue el momento de retirarse.
Un estudio sobre pensiones realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) alerta que las contribuciones al sistema son “demasiado bajas” y explica que este 6.5% de contribución puede llevar, en el mejor de los casos, a una tasa de reemplazo (el porcentaje del último sueldo) de apenas 26% para el trabajador promedio.
Chile, el país del cual importamos el sistema de Afore, ya vivió el fracaso de este sistema. Los primeros jubilados a través de las Administradoras de Fondos para Pensiones (sus Afore) ya se empezaron a retirar y no recibieron lo que se preveía sino que se encuentran hoy en una situación de vulnerabilidad, la cual ha hecho que los chilenos salgan a la calle para pedir el fin de este sistema. Si ellos dedican 10% de su ahorro voluntario a este rubro, el escenario se ensombrece más para los mexicanos, los cuales dedican apenas 6.5%.
Y como si no fuera lo suficientemente negro el panorama, se puede poner peor. Todo lo anterior es aplicable para aquellos que cotizan en el sistema formal, pero, ¿qué pasará para más de 60% de la población que trabaja en la informalidad? Las políticas públicas son inexistentes para ellos y lo único que les depara es un futuro negro en el que envejecerán y no tendrán recursos suficientes con qué hacerlo.
“Es muy probable que siete de cada 10 mexicanos no reciban una pensión o si la reciben será muy baja. Se tuvo que haber hecho ya una reforma en donde el porcentaje de ahorro que aporta el trabajador, el patrón y el gobierno, sea más alto”, Rolando Silva, integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México.
¿Y las reformas?
La crisis es inminente y se ha alertado sobre la necesidad de realizar una serie de reformas que puedan ponerle solución tanto a la baja contribución como a la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones mexicano. La propuesta no es nueva. Sin embargo, será responsabilidad de quien llegue a la presidencia de México para el siguiente sexenio, porque durante este, la situación si bien ha cambiado en temas de forma, en cuanto al fondo sigue igual.
“Sí hay acciones diferentes a otros sexenios, sí se han invertido recursos y tiempo de los funcionarios en modernizar a las instituciones… sin embargo, los temas de fondo, siguen igual o incluso peor”, explica el especialista.
Hace unos días, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), afirmó que el siguiente gobierno deberá darle prioridad en su agenda a una reforma integral en el sistema de pensiones que permita poner a discusión su sostenibilidad y que incentive el ahorro voluntario.
Ante lo poco que están ahorrando de manera obligatoria los trabajadores mexicanos, la respuesta apunta al ahorro voluntario para el retiro como una de las únicas alternativas que pueda salvar de la pobreza a los mexicanos que cotizan bajo este esquema.
En esto, en este sexenio sí se han tenido grandes avances. El ahorro voluntario ha tenido cifras récord y en total, durante los últimos cinco años ha crecido en 294%, con lo que alcanza la cifra de 62 mil 314.9 millones de pesos, de acuerdo con la Consar. “Las campañas impulsadas por la Consar, las Afore y la Amafore, así como la apertura de 15 canales para realizar Ahorro Voluntario —recientemente la incorporación de Yastás y PuntoRecarga— han contribuido a la tendencia ascendente que se viene observando los últimos años”, sostiene la Consar en un comunicado al respecto.
Por desgracia, muy probablemente esto no nos será suficiente para lograr que la bomba de tiempo no nos explote en la cara.