La ampliación del Tren Suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llevaba absorbidos 21 mil 548 millones de pesos en junio pasado, 24% o 4 mil 218 millones más de los 17 mil 330 millones asentados en la cartera de proyectos a finales de 2021, de acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los reportes de la SHCP y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indican que en marzo el proyecto llevaba un avance global de 75%, cuyo objetivo es conectar el AIFA con el centro de la Ciudad de México y solucionar la saturación del espacio aéreo en el Valle de México.
El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, dijo que la inauguración será en los últimos días de mes.
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La extensión del tren, que busca inaugurar el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de culminar su administración, afronta varios desafíos.
La SICT y los constructores tuvieron que llevar a cabo la reubicación de patios de maniobra, mientras que pobladores alegan que el ferrocarril cortó el paso de cientos de personas al no ser elevado, como se les prometió, y acusan que la CFE tampoco atendió sus peticiones de alumbrado público.
EL UNIVERSAL accedió a reportes que indican que 2026 es el momento óptimo para poner en operación la ampliación del ferrocarril, ya que apresurar la obra trae consigo sobrecostos y pone en riesgo la planeación.
Si bien todos los proyectos de infraestructura importantes han tenido sobrecostos y retrasos, los reportados en esta administración obedecen a acciones políticas por la necedad de inaugurar antes de tiempo, explicó el especialista en infraestructura y socio de la firma Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro.
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“Por esta presión se rompe el equilibrio de viabilidad en la etapa de construcción y se incurre en sobreprecios o, en su caso, el uso de materiales o servicios de menor calidad respecto a los que se contrataron. En este caso, la prisa del gobierno federal por terminar ese tren de pasajeros, es que el AIFA opere a 100% de su capacidad”, comentó.
La presión del presidente López Obrador sobre la SICT fue reconocida por Manuel Gómez Parra, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de dicha dependencia, cuando a finales de mayo pasado dijo que la planeación se está dejando en segundo término en el desarrollo de infraestructura con tal de priorizar la velocidad de los proyectos.
“Caprichos políticos”
Para Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), la mala planeación está acompañada de caprichos políticos que derivan en estos proyectos con cargo al erario y dudosa rentabilidad.
“Hay una mala planeación y por eso hay retrasos y sobrecostos. Además, esta situación de inaugurar proyectos antes de que estén terminados sólo desvía la atención del uso irresponsable de recursos públicos y la falta de transparencia, para colgarse la medalla política de que ya están operando, aunque no sea así o se lleve a cabo mediante operación parcial, tales son los casos de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, el AIFA en su momento o el Tren Maya”, apuntó el ejecutivo. Agregó que el gobierno deja el sello de opacidad al decretar las obras públicas como asunto de seguridad nacional en aras de avanzar en los trabajos sin la documentación técnica requerida, lo que provoca que conforme más se avance mayores ajustes se hacen y, por ende, suben los sobrecostos y retrasos.
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Se desconoce costo total
Desde su punto de vista, el contexto de opacidad se robustece con la entrada de las Fuerzas Armadas en la construcción.
“El sistema judicial no ha sido efectivo para contrarrestar este decreto, por lo que el gobierno ha avanzado en expropiaciones y obras sin tener autorizaciones ambientales ni dar información clara de cómo se gasta el dinero público; lo peor es que era lo que acusaba el presidente López Obrador cuando fue candidato y ya en el cargo dio un giro de 180 grados”, señaló Gamas.
El Presidente quiere inaugurar la ampliación del Tren Suburbano antes de finalizar el sexenio como un evento simbólico, pero el costo total del proyecto, incluyendo el tramo que edificó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es desconocido por la opacidad.
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Juan Carlos Machorro dijo que también no se sabe si realmente va a funcionar el tren y la terminal aérea, pues ni el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operando con una capacidad de 45 millones de pasajeros al año, el AIFA con capacidad de 20 millones y Toluca con 5 a 6 millones alcanzan el estimado de mover 100 millones de personas como se prevé en 2030.
“El reto que hereda la nueva SICT, de Jesús Esteva, será considerable. Ojalá haya sensatez y se priorice lo técnico”, concluyó Machorro.