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A partir del 1 de enero del próximo año, los contribuyentes que vendan o compren facturas para amparar operaciones inexistentes serán acusados de delincuencia organizada, lo que ameritará prisión preventiva oficiosa que no podrá detener ningún juez.
Si el delito fue cometido por un servidor público en funciones, éste será destituido e inhabilitado hasta por 10 años para ocupar un cargo o comisión dentro de la administración pública.
Incluye otros esquemas de evasión a gran escala, como la subcontratación o el outsourcing agresivo, y se fortalece el combate al contrabando. Todos esos delitos serán considerados una amenaza a la seguridad nacional.
Así lo aprobó el pleno de la Cámara de Diputados por mayoría en lo general y en lo particular, sin ningún cambio a la iniciativa original, después de siete horas de debate.
El dictamen con proyecto de decreto pasó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La reforma mediante la cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación, y Penal Federal, fue catalogada por juristas como excesiva.
Se establecen dos categorías para identificar a un posible defraudador fiscal por medio de facturas o empresas fantasma.
El contribuyente común, catalogado como aquel que comete un delito fiscal básico que será castigado con prisión de dos meses hasta nueve años.
Al contribuyente que cometa un delito fiscal grave se le impondrán de tres meses hasta 13.5 años de prisión preventiva oficiosa.
No hay salidas alternas. Los filtros para asegurar el Estado de derecho y el debido proceso incluyen que sólo se castigará la defraudación cuyo monto supere los 7.8 millones de pesos, lo que significa la obtención de ingresos brutos por 30 millones.
Se calificará como delincuencia organizada cuando hayan participado más de tres personas que se hayan puesto de acuerdo para defraudar al fisco, de forma reiterada y permanente.
Entran en esta categoría las empresas que facturan operaciones simuladas o EFOS, que son las que utilizan testaferros y prestanombres. La reforma permitirá a las autoridades utilizar la figura del testigo protegido y los infiltrados para dar con las cabezas de los defraudadores.
Se estima que hay más de 9 mil empresas fantasma que defraudan a la hacienda pública por más de 500 mil millones de pesos, monto que incluso puede superar los 2 billones de pesos.
Diputados de oposición del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y algunos de Morena votaron en contra por considerar que cualquier contribuyente podrá caer en la categoría de defraudador, delito que se equipara a partir de ahora como delincuencia organizada.
La apoyaron Morena, Partido Encuentro Social (PES), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.